En caso PPK ofrecen testigos que ya murieron

Entre los 55 testigos ofrecidos por la defensa del chileno Gerardo Sepúlveda, en el juicio oral que deberá afrontar junto a Pedro Pablo Kuczynski por delito de lavado de activos en el caso Westfield Capital, aparecen los fallecidos Javier Silva Ruete, Jaime Quijandría y Carlos Ferrero Costa. Vayan a citarlos al cementerio.

Entre los 26 testigos ofrecidos por PPK están Alejandro Toledo, Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, y los exministros David Lemor, José Ortiz y Manuel Rodríguez Cuadros. Se pide se les imponga una pena de 35 años de cárcel y el pago de más de 46 millones de dólares.

La victimización…

El estilo de victimizarse nunca falla en la izquierda y sus tontos útiles. Es lo que recomendaba el operador Gustavo Gorriti cuando su “piquichón” José Domingo Pérez estaba en situación difícil. “Di que han querido meterse a tu casa, que han forcejeado las chapas de la puerta”, etc., etc. Y el fiscalillo lo hizo muy obediente. Al día siguiente la prensa de Odebrecht rebota el “notición”.

El espía Colchado

Es el mismo menú que recomendó el exministro del Interior Carlos Morán (hombre de Gorriti) a su engreído espía Harvey Colchado a fines de agosto del año pasado, cuando tomó cuerpo no solo el grotesco allanamiento de la casa de la presidenta Dina Boluarte, del 30 de marzo de 2024, sino también el destape de las investigaciones sobre ilícitos en la Diviac. “Victimízate, pues. La Inspectoría General, al difundir la notificación de la resolución en las redes sociales, está publicando tu dirección domiciliaria, y sabiendo que en tu trabajo te has ganado muchos enemigos (…) podrían tomar represalias…”.

¿Prosigue el guion?

La táctica también funcionó a favor de Colchado con el apoyo de la dictadura mediática. Esa escuela, tan común en la izquierda jurel y la caviar (IDL), ahora al parecer arrastra a Karla Ramírez, jefa de investigación de Panorama, quien denuncia que los muchachos de la Digimin del Mininter quieren mandarla a mejor vida. Esto por destapar el favorecimiento a la mina de los Parodi en Ayacucho con resguardo policial, cuando Juan José Santiváñez fue ministro del Interior. No vaya a ser que solo haya mucho ruido y pocas nueces.

Bien Domingo García Belaunde

En un diario de la competencia, Domingo García Belaunde ha dictado cátedra sobre el actuar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de la ley de amnistía. En este caso, “con audacia sorprendente pidieron al Congreso no aprobarla. Pero… ¿en dónde figura esta facultad, pues no es la primera vez que la invocan…?”, escribe.

Avezados

Agregamos nosotros: ¿en alguna parte del Pacto de San José o de la Convención Americana de Derechos Humanos, que da nacimiento a dicha Corte, hay algún artículo que la faculte para inmiscuirse en la labor legislativa de los parlamentos de las Américas? ¿Cómo es eso de prohibir al Congreso de la República debatir o aprobar dicho proyecto de ley de amnistía? Avezados esos tíos

No agotaron vías internas

Volviendo a García Belaunde, el constitucionalista peruano más citado en el exterior, recuerda que la recurrencia a la Corte IDH procede “cuando se han agotado las vías internas”<. Y eso no ha sucedido con la citada ley, siendo una sofisticación recurrir al argumento de que tal medida sería un “seguimiento de cumplimiento de sentencia” del conocido caso Barrios Altos, que siendo hechos de 1991 nada tienen que ver con la citada ley, porque en ese caso ya hubo sanciones y reparaciones suculentas a las víctimas.

Ver caso por caso

Un tercer argumento, entre otros, del constitucionalista es la recomendación recurrente de la Corte IDH: la razonabilidad de los plazos en la administración de justicia, como ha aplicado el Tribunal Constitucional peruano en el caso del general Walter Chacón y otros. Finalmente, algo más que claro: los delitos de lesa humanidad no existen en el Perú antes de 2002. Dicho esto y mucho más, el autor plantea una comisión del Ejecutivo para analizar caso por caso, pudiendo aplicar indultos. Pero lo que no se puede aceptar es que jueces irrompibles impliquen la ley de amnistía.

Concurso sigue adelante

Pese a las observaciones presentadas por Franklin Quiroz Saldaña, veedor del concurso público convocado por la Gerencia General del Poder Judicial para cubrir 72 plazas del régimen 728, este continuará su trámite. Se aprobó un nuevo cronograma que tiene previsto realizar la evaluación técnica para quienes pasaron un primer filtro, este domingo 7 de septiembre, en las instalaciones de la Academia de la Magistratura. Participarán más de 1,300 postulantes.

Coordinadores

Las plazas que generan mayor interés son las de coordinador, donde el sueldo mensual supera los S/ 8,000 y cuentan con todos los beneficios sociales. En los corrillos judiciales se afirma, por ejemplo, que, para el cargo de coordinador en la Secretaría de Atención al Ciudadano y Trámite Documental, el ganador saldrá entre Rita Giovanna Pinto Malache, Richard Veramendi Oliva y Juan Páucar Rupay. Nuestros urracos en el PJ dicen que en estos concursos las cosas ya están definidos anticipadamente. “Son solo una formalidad. Ya se sabe quiénes ganarán”. Hay que seguir con atención el proceso.

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