Vergüenza debe darnos

Ver en los noticieros a una madre recibir el cadáver de su hija, heroica policía de 24 años quien fue asesinada por delincuentes en Juliaca, Puno. Y enterarnos luego de que el 4 de febrero sus asesinos ya habían sido detenidos en Arequipa y un juez les dio libertad. Eso, además de indignación, causa vergüenza.

Vergüenza de ser una sociedad incapaz de proteger a sus hijas e hijos porque, entre otras razones, la persona que está transitoriamente obligada a defender al pueblo, se ocupa de fiscalizar si ciertas golosinas se venden cumpliendo las normas sanitarias, tarea propia del sector salud.

El Perú se desangra ante nuestra incapacidad para defendernos. Es lamentable que nuestra sociedad esté desprotegida y que las autoridades competentes estén más preocupadas por asuntos triviales que por la vida e integridad de la ciudadanía.

Es conveniente que nuestras autoridades, en las visitas de inspección a la frontera sur, se den tiempo para aprender de nuestros vecinos sobre cómo reaccionar cuando alguien ataca a las fuerzas del orden. Bien haría nuestro Congreso de la República en aprobar leyes similares a las chilenas donde la muerte de un carabinero a manos de agresores violentos motivó la inmediata reacción de sus autoridades y hoy la policía chilena tiene la facultad de utilizar sus armas de reglamento para defenderse. ¿De qué sirven si no se pueden utilizar de acuerdo al reglamento?

En contraste con lo que sucede en nuestra frontera sur, en el Perú parece existir una exigencia excesiva para que la Policía Nacional evalúe cada acción y se limite a responder con fuerza proporcional, incluso frente a situaciones de violencia extrema. Es importante reconocer que, ante el abuso y la violencia, no debemos permitir que se utilice el argumento de los derechos humanos para buscar la impunidad. La sociedad debe enfrentar y rechazar a aquellos elementos violentos que son auténticos desechos humanos.

Al abordar estos temas, sin embargo, debemos tener cuidado de no generalizar ni estigmatizar a grupos sociales por los actos de unos pocos. No podemos dejar que el sentimiento de vergüenza nos lleve a juzgar y etiquetar a todos los ciudadanos de una colectividad, pero debemos exigir que esos pocos sean reprimidos con toda la fuerza que la ley otorga a quienes, justamente, llamamos “fuerzas del orden”.

Es fundamental que las autoridades y legisladores peruanos reflexionen sobre las lecciones que pueden extraerse de experiencias internacionales y adopten las políticas necesarias para garantizar la seguridad de la sociedad.

Es indispensable que se tomen medidas en consonancia con el respeto a los derechos humanos, especialmente de la gran mayoría de peruanos que solo esperan protección de sus autoridades y ven con creciente desesperanza cómo los delincuentes y homicidas, como los de la valerosa policía caída en Puno, salen libres, al amparo de prevaricadores jueces y bajo la complacencia de organismos cuyos informes y fallos constituyen verdaderos despropósitos (por no llamarlos adefesios que parece ser políticamente incorrecto).

Dejemos de engañarnos con una supuesta búsqueda de equilibrio entre la protección de los ciudadanos y el uso proporcionado de la fuerza por parte de la Policía, que no ha hecho otra cosa que ponernos en manos de delincuentes que hoy matan hasta para arrebatar un teléfono móvil.

En resumen, la vergüenza que puede brotar al presenciar actos de violencia y abuso debe servir como un llamado a la acción para fortalecer nuestras instituciones y abordar los desafíos que enfrenta la sociedad. Es importante exigir que nuestras autoridades se preocupen por la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Y debemos entender que el uso legítimo de la fuerza solo puede ser cuando es requerida en defensa propia o la de ciudadanos que quieren vivir en paz.

Mi reconocimiento a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que siguen sumando héroes en sus filas. Honor y gloria para ellos.

Por Óscar Becerra Tresierra

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