Universidad pública de calidad y presupuesto público justo
Una universidad pública de calidad requiere de un presupuesto público justo. La política universitaria, y en general las políticas públicas en educación superior, no representan un tema de importancia para la clase política peruana. Es más, los tradicionales agoreros, luego de haber ejercido cargos públicos en el sector, no tienen escrúpulo al sostener que “estamos tarde”, y al lanzar su predicción aciaga respecto del futuro de las universidades, y de la educación superior en general. Semejante falacia representa la ausencia de sensibilidad social, y hasta la falta de amor por el Perú. De lo contrario, cómo podríamos entender las políticas que, como plagas a perpetuidad, rigen los destinos universitarios.
La historia de nuestras universidades públicas está llena de marchas y contra marchas, de política y pugnas de poder. Desde los tiempos de la iglesia como expresión organizada en la cultura y el saber, hasta los regímenes de diverso orden que vieron a la universidad como un botín político. Pero, también es cierto que estas disputas históricas dieron a la universidad fisonomía y destino. El Perú tiene una de las más importantes experiencias en política universitaria, como partícipe de las heroicas jornadas de la Reforma Universitaria de Córdoba, de 1918, y como el centro de una larga y copiosa vida política universitaria, producida en los siglos XX y XXI. Ello nos ha llevado a la reflexión, a la sabiduría, para hacer políticas públicas, educativas y universitarias, partiendo del principio de que no invertir en educación, y decir que “estamos tarde”, es no pensar en el pueblo, ni representarlo.
La actual constitución del Estado reza que las universidades son autónomas, en el sentido de que esta autonomía incorpora el componente económico. En el caso de las universidades públicas, el presupuesto justo debería ser una garantía de protección, y un seguro, para que, las universidades, ejerciendo su autonomía, puedan ser más creativas, puedan tener mayor dedicación a la investigación, e incluso puedan tener centros de producción de bienes y servicios que coadyuven al manejo económico de la propia universidad. Pero, en el Perú ocurre al revés. Sabiendo de las limitaciones económicas, los centros de producción y los ingresos propios son confiscados por el Estado, con el argumento que estos no son un ingreso adicional para el mejor manejo de la universidad y sus propósitos académicos y científicos, sino forman parte del aporte del Estado al presupuesto universitario. Verdaderamente, es el mundo al revés.
En la línea de que una universidad pública de calidad requiere de presupuesto público suficiente, hoy se están produciendo incorporaciones legislativas acerca del control posterior sobre la administración universitaria del aporte económico del Estado. Estemos claros en lo siguiente: Así como reclamamos un presupuesto público justo para las universidades, también es necesario que se produzca la adecuada incorporación de normas y políticas de rendición de cuentas, a fin de que éstas sean ciertas, veraces y severas con las autoridades y funcionarios universitarios que infrinjan la ley. Finalmente, si acaso requerimos universidades de calidad, acordes con la ciencia y tecnología contemporáneas, entonces, concluyamos que una universidad pública de calidad requiere de un presupuesto público justo.
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