¿Qué hacemos con la corrupción en el Perú?
Ver o leer cualquier medio de comunicación o red hoy es recibir un alud de denuncias o acusaciones sobre corrupción, especialmente entre funcionarios públicos y empresas privadas o particulares, y ya nada nos afecta, y peor aún, la sociedad lo relativiza. Basta ver los innumerables hechos burdos de corrupción en el Gobierno de Castillo, hasta el sofisticado Lava Jato de Odebrecht.
Leer el excelente trabajo del contralor Nelson Shack y dos de sus colaboradores del 2020, titulado “Cálculo del tamaño de la corrupción e inconducta funcional en el Perú, una aproximación exploratoria” es como vivir una novela de terror. El estudio identificó en el 2019 casos de corrupción en el Estado, a nivel municipal, regional y central del orden de S/ 23,297,036,682, cercano al 3% del PBI de ese año, es decir que el Perú está en la parte alta de la escala del FMI de los países más corruptos del mundo, que oscila entre el 2 y 3% del PBI.
Los peores sectores en el estudio de Shack son Transportes, Salud, Educación y hoy Vivienda, y las peores regiones Callao, Lambayeque y Pasco, pero esas posiciones van variando según las autoridades de turno. Hoy tenemos presos a los exgobernadores de Ica y Arequipa, entre otros, y más de 20 investigados. Los casos más comunes de corrupción identificados son sobrevaluación de proyectos y presupuestos, pagos injustificados y contrataciones indebidas entre otros.
En el Perú según Shack la corrupción más común se manifiesta, como hemos visto en el gobierno anterior, en un abuso del poder político y la función pública para apropiarse del recurso público y distorsionar el fin de los recursos mediante el copamiento del Estado, causándole un daño patrimonial por proyectos innecesarios o sobrevaluados, contrataciones innecesarias que llevan a acciones de corrupción e intercambio de prebendas.
En el 2021 Shack identificó un perjuicio al Estado de S/ 24,262,964,827, es decir la corrupción no para, aumenta y sigue dañando a los peruanos. ¿Qué hacer?
Se ha tratado de todo, mayores facultades a la Contraloría, control ex-ante, concurrente y ex-post, mayores penas para los infractores, nuevas leyes de contrataciones y de control y reglamentos supuestamente más estrictos, pero nada parece funcionar.
No necesitamos más leyes de control, más bien debemos desburocratizar y usar la tecnología moderna. En primer lugar, el Estado debe entrar en un profundo proceso de simplificación administrativa y eliminación de trámites para así reducir la discrecionalidad de los funcionarios y los eventos de corrupción, liberando también la fuerza productiva de los peruanos.
En segundo lugar, incorporar la reciente tecnología de Inteligencia Artificial (IA), que según la prestigiosa consultora Mckinsey tiene miles de usos, lo que permitiría, con la impersonalidad y neutralidad de la IA llevar a cabo licitaciones públicas sin intervención humana, realizar procesos masivos de compras del Estado, solo con los parámetros que tiene la máquina y hasta controlar las planillas y contrataciones de funcionarios, sin la intervención de funcionarios y políticos corruptos.
Las posibilidades de IA son infinitas y está en el Gobierno subirse temprano a esa ola de modernidad que reduciría drásticamente la corrupción, al limitar la intervención humana.
Por Ismael Benavides
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