A mayor informalidad, mayor ingobernabilidad
Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI, en 2022 había 17 millones 300 mil personas con empleo, pero el 74% era informal y el mayor porcentaje se concentraba en particular en seis regiones: Cajamarca, Puno Huancavelica, Apurímac, Amazonas y San Martín.
La informalidad está presente en todos los ámbitos de la economía, condenando a los peruanos a la pobreza y convirtiéndose en un obstáculo para el crecimiento de nuestra patria. Aquí cabe una precisión: la informalidad es el síntoma del problema, no es el origen per se. El círculo vicioso se repite cuando vemos que las personas menos productivas se decantan por ser informales. Eso es lo que debemos evitar.
Dado el impacto de ese flagelo, en ADEX acuñamos la frase “a mayor informalidad mayor ingobernabilidad”, por lo que queda clara la importancia de apoyar las propuestas relacionadas con el gran objetivo de lograr su reducción progresiva y que sea tratada como una política de Estado, independientemente del gobierno de turno.
En el ámbito laboral, la informalidad repercute de forma negativa en los ingresos de los trabajadores: menores salarios y pérdida de beneficios laborales como gratificaciones, CTS, vacaciones, seguro de salud, y restringe el desarrollo de las empresas al no poder acceder al sistema financiero, con lo cual tienen poca o nula capacidad de expandirse. Todos estos factores se traducen en una menor productividad, que a su vez generan una pérdida de competitividad y con ello un menor crecimiento económico.
Algunas preguntas para avanzar hacia la formalización son: ¿Nuestro marco legal y normativo es opresivo e impide reducir los niveles de informalidad?, ¿su alto nivel es porque los servicios ofrecidos por el Estado no son de gran calidad y su presencia y los controles son débiles o inexistentes?, ¿se reduciría la informalidad si se abarata el costo de formalizarse y se dan los incentivos que permitan desarrollar emprendimientos de la mano del Estado?
Uno de los motivos puede ser explicado por la percepción de los microempresarios en el sentido de que el Estado los quiere formalizar solo para cobrarles tributos, pero sin ofrecerles nada a cambio; por ello es crucial que la normativa laboral, que es inadecuada y rígida, responda a la realidad productiva del país. La solución es apuntar hacia una flexibilidad con una adecuada fiscalización.
Perú está en una senda complicada, las cifras lo demuestran, tras la pandemia el mercado laboral no se recupera y se observan retrocesos en los indicadores de calidad de empleo a junio de este año. En ese sentido, es importante que el Estado, el sector privado y la sociedad en su conjunto se pongan objetivos sobre la reducción de la informalidad y sea complementada con acciones concretas y monitoreada. Luchemos juntos contra ese lastre.
Por Julio Pérez Alván
(*) Presidente de ADEX.
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