¡Mamita, los franceses!

Este gobierno, sin experiencia en obra pública -aunque los pininos de la ministra Pérez de Cuéllar en materia de vivienda, fueron un despropósito con tufo a corrupción-, intenta poner en marcha “la mayor obra de nuestra historia de infraestructura individual”, en plena coyuntura caótica económica/financiera/social/política, de las más severas que se recuerde. Hablamos de la “Nueva Carretera Central”. Vía que fundamentalmente debiera considerarse la arteria aorta del Perú, por el peso que tiene como paso obligado para el gran porcentaje de materias primas provenientes de los centros mineros asentados en áreas andinas. Hablamos de la fuente de abastecimiento para nuestra industria (acerías, metalmecánica, etc.) de exportación, que aporta ingentes recursos (desde gran liquidez tributaria, hasta crecientes reservas del BCR) con las que se abastece el país. Valga este cuestionamiento a la inexperiencia, incluso inestabilidad y oscuros antecedentes de este gobierno que sigue contratando a extremistas amiguetes del ágrafo, golpista, senderista Castillo, quien agudizó las contradicciones para destruir la economía al punto de llevar al Perú a la más grave crisis financiera/económica/política/moral de varias décadas Estos antecedentes descalifican al gobierno Boluarte para ejecutar semejante Leviathan que tiene entre manos, con personas sin pergaminos ni experiencia en grandes obras ni en materia financiera. Los recientes ejemplos (Tren Eléctrico o Refinería Talara -cada cual a costo semejante al presupuestado para la Carretera Central), son ejemplos de la fragilidad de nuestro Estado en responsabilidades traicionadas por la corrupción de sus autoridades.

Esas mismas que ahora intentarían repetir en esta megaobra. Es más. Preocupa que en paralelo, al anuncio gubernamental del inicio de “la obra más grande de nuestra historia”, (calificativo exagerado), el ministro de Transporte informe que el gobierno ha contratado a un banco francés para supervisar y fiscalizar a una firma francesa, pese a que la Asociación Peruana de Consultoría advirtió que el Servicio de la Oficina de Gestión de Proyectos, refiriéndose a ciertos contratos suscritos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno, habrían sido celebrados con empresas extranjeras inhabilitadas por fraude y corrupción, adelantando que “los resultados esperados” -de supervisión- “serán un despilfarro del erario nacional.” Según el Ing. Elías Tapia, de la mencionada Asociación, la firma francesa Egis, encargada por este régimen de llevar adelante ambas obras -la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa- “ha sido inhabilitada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejercer actividades hasta enero de 2027, nada menos que por prácticas fraudulentas y corruptas en la supervisión de obras de Agua y Saneamiento en Panamá. Igualmente -sostiene Tapia-“Egis forma parte del consorcio francés que presta servicios como Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) de la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa” y denuncia que “Han transcurrido 3 años, y recién está por iniciarse el Estudio Definitivo de Ingeniería del proyecto cuyo trazado ha sido cuestionado y descalificado por el Colegio de Ingenieros del Perú.” ¡Inmediatamente, el Congreso debería intervenir, evitando que el Ejecutivo acabe llevando al país a otro escándalo!

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