Los títeres de 'Vilma' ¿quedarán impunes?

En los primeros días de este mes la cabecilla narcoterrorista “camarada Vilma” hizo un llamado desde el Vraem para “tomar el Perú” el 19 de julio, mediante la ocupación violenta de ciudades, distritos, anexos y el bloqueo de vías, puentes y servicios de energía y agua potable. ¿Cuál es su agenda? La renuncia de la presidenta de la República Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

La inmensa mayoría de peruanas y peruanos rechazó ese llamado subversivo. Pero hay un pequeño grupo que ha tratado de minimizar el hecho, entre ellos la excandidata Verónika Mendoza, la abogada Rosa María Palacios y los activistas de izquierda Marco Sifuentes, Renato Cisneros y Josefina Townsend, solo para mencionar a los más visibles de este sector.

¿Qué dice la abogada Palacios? Que Sendero Luminoso (SL) no existe y, por lo tanto, no debemos hacer caso a “Vilma”. Pero no dice que fue la mal llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación la que pretendió “desaparecer” a SL y lo transformó en el “Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso”, es decir, le dio estatus de partido político, algo que hizo sin el conocimiento del presidente Valentín Paniagua y que este posteriormente repudió.

El “militarizado partido comunista del Perú” sí existe, señora Palacios, trafica droga, secuestra niños, roba y asesina y también convoca a supuestas marchas de protesta que usted, con su lenidad, secunda.

Otros, como Sifuentes, se dedican a denigrar a la Policía Nacional y a promover la marcha de “Vilma”. Este sujeto ha utilizado vilmente una aplicación de inteligencia artificial para simular que nuestro poeta universal César Vallejo agravia a la presidenta Boluarte. Esa es la libertad que la democracia permite a estos extremistas que no durarían un segundo en libertad, e incluso con vida, en Cuba, Venezuela o Nicaragua.

Para complementar el panorama, Cisneros y Townsend entrevistaron a un desaliñado personaje que expresó con cinismo que tendrían que haber “más de 60 o 65 muertos para que haya un cambio en el Perú”. Sorprendentemente, ninguno de los entrevistadores mostró reacción alguna, no se les movió un músculo en la cara. Esta situación dejó en evidencia que forman parte de los medios de comunicación considerados “alternativos”, que son apoyados por el golpista y corrupto Pedro Castillo y su colaborador Aníbal Torres, quienes los prohijaban en la plaza San Martín.

El caso de la señora Verónika Mendoza es interesante. Ella guardó silencio durante más de un año y medio mientras Pedro Castillo se dedicaba a infiltrar y expandir una organización criminal en el Estado dedicada al robo de los recursos públicos. Ese dinero, hoy lo sabemos, sirvió para financiar lo que Aníbal Torres describió como “ríos de sangre”, mientras millones de peruanos clamaban por mejoras en la salud y educación públicas, así como en la creación de más puestos de trabajo.

La responsabilidad es un aspecto de nuestras vidas que nos obliga a asumir las consecuencias de nuestros actos. Se trata de responder por lo que hacemos, sea bueno o malo. La pregunta es: ¿cuál es la responsabilidad de estas personas que conscientemente minimizan el peligro que implica el llamado de una cabecilla narcoterrorista?

Los peruanos queremos paz, seguridad y trabajo, que se respete el derecho a circular libremente por nuestro hermoso país. Los violentistas tienen que acabar en la cárcel y responder por sus actos.

Y sus secuaces también. No se trata del derecho reconocido a manifestar nuestra opinión, que nadie discute, lo que está en juego es si vamos a expresar nuestra opinión mientras, con ello, apoyamos la violencia y el llamado de los narcoterroristas a incendiar el país. No seamos ilusos, esa es la disyuntiva.

Reitero mi exhortación al Gobierno para que se invite a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han estado antes en nuestro país, para que se coloquen al frente en los lugares donde la “camarada Vilma” pretende “tomar el Perú”. Así podrán emitir un informe veraz y objetivo.

El Perú no puede seguir hundiéndose en la falta de respeto e irresponsabilidad. Los azuzadores, títeres y autores materiales e intelectuales de cualquier acto de violencia deben responder.

Ya hemos tenido víctimas inocentes entre la población, madres y sus hijos fallecidos porque a una ambulancia se le impidió el tránsito por las vías bloqueadas, tentativas de secuestrar aeropuertos, asesinato de militares y policías, sin que haya hasta ahora responsables.

Si la competencia de la CIDH es un obstáculo, pues entonces retirémonos de esa Corte y evaluemos la aplicación de la pena de muerte a criminales, violadores y traidores a la Patria. Disculpen, pero yo digo siempre lo que pienso, con el perdón de los adefesios.

Por Óscar Becerra Tresierra

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