Los problemas de la justicia en Bolivia
Las elecciones judiciales en Bolivia se llevan a cabo cada 6 años. Este año, en mi calidad de diputada de la Alianza Política Creemos, integro la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, encargada del proceso de selección de candidatos para las elecciones judiciales. Esta es la tercera elección judicial desde el cambio de la Constitución en el año 2009, siendo que las anteriores elecciones se realizaron durante las gestiones 2011 y 2017.
Los abogados que se postulan para los cargos como magistrados al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, posterior a salvar una serie de observaciones e impugnaciones, deben ser preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional para finalmente someterse al voto popular.
Lastimosamente, el Movimiento Al Socialismo (MAS) haciendo uso de su mayoría parlamentaria en ambas cámaras modificó los requisitos para la postulación y fue eliminando y desechando requisitos técnicos, lo cual hace que este sea un proceso político y no de transformación de la justicia.
Nuestra bancada, Creemos, ha presentado un Proyecto de Ley de Convocatoria, así como una propuesta de Reglamento de Convocatoria que plantea la creación de un Comité Técnico de Calificación y Evaluación Meritocrática, quienes tendrán como finalidad la calificación y la evaluación de la meritocracia, la capacidad académica y la práctica mediante un concurso de méritos y exámenes de competencia a los candidatos, generando de esta manera confianza en la sociedad boliviana; con el fin de que los profesionales de la Ciencia Jurídica que logren permanecer como candidatos sean los más aptos profesionalmente, para ser sometidos a la voluntad popular; sin embargo, ambas propuestas han sido desechadas sin ser consideradas.
Lamentablemente, producto de este manejo político, el 10 de abril se ha presentado un Amparo Constitucional y el 24 de abril una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta contra el Reglamento aprobado por el MAS, las cuales han tenido como efecto la paralización de los procesos de convocatoria, dejando en total incertidumbre e indefensión a la población boliviana, a la merced, una vez más, de autoridades judiciales que no cuentan con la legitimidad suficiente.
La respuesta del partido de gobierno hasta este momento, ha sido solamente a realizar simples modificaciones o adecuaciones a un reglamento que carece del consenso de las tres fuerzas políticas y que no tiene la voluntad de realizar cambios trascendentales y profundos a la justicia boliviana, la cual se ha convertido en un motín por ser manejado por intereses oscuros y que han destapado la pugna internada en el partido de gobierno.
Por lo tanto, RECHAZAMOS que la Comisión pretenda realizar simples parches políticos a un Reglamento masista, el cual desde un principio no responde a las exigencias de la población, pretendiendo únicamente seguir controlando y sometiendo al Órgano Judicial, quitándole transparencia e independencia y EXIGIMOS la conformación de un Comité Técnico de Calificación y Evaluación Meritocrática que le otorgue credibilidad y confianza al Órgano Judicial.
Por Tatiana Áñez
(*) Diputada boliviana.
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