Los 'mochasueldos': crimen de lesa moral
Afortunadamente, hace aproximadamente un año, mi partido Acción Popular tomó la decisión de expulsar a un miembro de nuestra bancada debido a su participación en el escandaloso “caso de Los Niños”. Ese mismo parlamentario ha reconocido ahora públicamente haber cometido el delito de recortar el sueldo a sus trabajadores.
En los últimos meses, el Perú ha sido testigo de un preocupante fenómeno en el ámbito político. Ciertos congresistas, en lugar de velar por el bienestar de sus colaboradores, han impuesto a los trabajadores contratados en sus despachos, condiciones inaceptables, ilegales y moralmente cuestionables.
Estos funcionarios abusan de su poder para obtener beneficios personales mochándoles o cercenando parte de sus ingresos (sueldos y bonificaciones). Sin duda, una práctica que socava los cimientos de la legalidad y de la ética en la política peruana, además de deteriorar la identidad e imagen del Parlamento, que debería preservar una función ejemplarizadora y mantener la confianza ciudadana.
La apropiación ilícita de una parte de los salarios de los trabajadores constituye, por donde se mire, un claro delito bajo nuestra legislación. El Código Penal establece que cualquier acto de extorsión o coacción para obtener beneficios personales es punible, y los congresistas no están exentos de esta ley.
Esta inconducta funcional es una violación flagrante de la legalidad y merece ser sancionada con todo el peso de la ley. Los congresistas deben entender que la moralidad y la ética son fundamentales en el ejercicio de la función pública. Como representantes del pueblo están obligados a actuar con honestidad, transparencia y justicia.
Condicionar los salarios a los trabajadores de sus despachos es una clara traición a estos principios y una demostración corrupta, donde los intereses personales se anteponen al bienestar de los trabajadores; y, en última instancia, al bienestar de la sociedad. Este comportamiento es profundamente inmoral y mina la confianza pública en las instituciones tutelares.
La corrupción y los abusos de poder de los denominados congresistas “mochasueldos” perjudican gravemente la calidad de la democracia y la imagen de las instituciones. Es un crimen de lesa moral.
El condicionamiento de salarios a los trabajadores es solo un ejemplo de los numerosos escándalos que han envuelto al Congreso peruano de los últimos tiempos. Son actos que socavan la legitimidad de las decisiones políticas y erosionan la integridad de los órganos de gobierno, deteriorando la magistratura del Parlamento y alejando a los ciudadanos de la política, debilitándose así, aún más, el sistema democrático.
Desde el lugar que ocupemos, los peruanos debemos hacer el mayor esfuerzo para fortalecer la integridad del Parlamento y restaurar la confianza de la ciudadanía en sus representantes políticos. De esa manera podremos avanzar hacia una sociedad más democrática: libre, justa y solidaria.
* Secretario general nacional de Acción Popular
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