La Sunedu no puede estar al margen de la ley

Por Umberto Jara

Apenas el Congreso puso en vigencia la Ley 31520, la Sunedu inició una activa campaña mediática porque “se estaba destruyendo la reforma universitaria”. Al revisar la ley se encuentra que el argumento es falso.

Lo central de la citada ley es que el Consejo Directivo de la Sunedu debe ser reemplazado. No de manera arbitraria sino por miembros designados por varias instituciones: dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú.

Hasta el momento, los miembros del Consejo Directivo de la Sunedu eran nombrados por el Ministerio de Educación en base a un presunto concurso público. Pero, en realidad, los designaba un Comité de Selección integrado por Fabiola León Velarde (2015), esposa del excongresista del Partido Morado Gino Costa; Francisco Sagasti (2016-2019), miembro notorio del Partido Morado; y Walter Estrada López (2016 a la fecha) ubicado en ese puesto por su amistad con Jorge Alva, rector de la UNI 2015-2020, íntimo amigo de Martín Vizcarra y padre de la exministra de Economía, María Antonieta Alva.

La conclusión es evidente hasta para un ciego: la Sunedu se convirtió en un ente politizado y los miembros de su actual Consejo Directivo responden a criterios políticos vinculados al Partido Morado.

A partir de la dación de la Ley 31520, la Sunedu se ha comportado, precisamente, como un ente político. En su afán por desconocer la Ley 31520 no solo realizó una intensa campaña mediática sino que recurrió al Poder Judicial y una jueza ¿amiga? declaró fundada una acción de amparo que declaró nulo el procedimiento seguido por el Congreso para modificar artículos de la Ley Universitaria (Ley 31520).

Fue un acto ilegal porque la Constitución de la República ordena la separación de poderes —base de la democracia— y una jueza (Poder Judicial) no puede cancelar lo que haga el Congreso (Poder Legislativo). Guste o no el Congreso, el orden constitucional tiene sus reglas y la actuación de la Sunedu desnuda a sus miembros que están dispuestos a no respetar la ley con tal de seguir en la institución

La actitud ilegal continúa. El Tribunal Constitucional dispuso en diciembre pasado que la Ley 31520 debe ejecutarse y, por tanto, el actual Consejo Directivo de la Sunedu debe finalizar su gestión. Sin embargo, se niegan a obedecer la ley tratando de utilizar una leguleyada: sostienen que Ley 31520 no puede aplicarse porque no tiene reglamento y mientras no exista ese reglamento ellos deben seguir en sus cargos.

Es un argumento absurdo. La Ley 31520 sólo ha modificado cinco artículos de la Ley Universitaria, por lo tanto, no necesita reglamentarse porque modifica una ley vigente que ya cuenta con su propio reglamento.

¿Cuál va a ser el siguiente capítulo en el afán de seguir con el control de la Sunedu? Sea cual fuere, será ilegal y lo ilegal se investiga y cuando se investiga se descubren muchas cosas.