La organización criminal oficialista
Los fiscales Rafael Vela y José Pérez hasta ahora no acusan a los imputados OAS, Graña y Montero, Odebrecht, Villarán, Humala, PPK, etc. por delito de organización criminal, como compete por las evidencias que exhiben sus crímenes. La Fiscalía –representada por Pérez y Vela– sigue protegiendo, tanto a OAS, Odebretch como a sus socios locales, no obstante que los crímenes que perpetraron han perjudicado muy seriamente la vida y hacienda de las mayorías nacionales. Van tres años desde que Pérez y Vela iniciaron sus pesquisas y todavía no concretan una acusación formal. Se comenta, incluso, que habrían prescrito como prueba esos infames “cuadernos de Nadine”. Y el resto de las indagaciones continúan en nada, pese a que ambos fiscales suscribieron con Odebrecht un pacto traidor a los intereses nacionales, concediéndole inmunidad absoluta a dicha constructora brasileña a cambio de que entregue pruebas irrefutables sobre sus actos delincuenciales. Aparte de denunciar a sus cómplices con hechos probatorios, documentación fidedigna, ubicación precisa de los indicios, señas, y testimonios que ofreciese como hechos autoinculpatorios y/o contra terceros, para permitir que el Estado enhebre los hilos que condujesen a conocer cómo se ejecutó tamaño desfalco por US$40,000 millones. Odebrecht solamente aportó generalidades, incumpliendo su cometido. Aunque fue exonerada de toda acusación.
Los periódicos de oposición que discrepamos sin ambages con estos dos fiscales –igualmente con la Fiscal de la Nación, al final del día la principal culpable de que el Estado encubra a una siniestra organización criminal que ha diezmado el patrimonio Fiscal– por toda respuesta hemos recibido manifestaciones de desdén y descrédito de estos funcionarios envilecidos, a quienes les pagamos el sueldo para que trabajen por el país. No para que defiendan a los delincuentes que nos han estafado. Todavía más. Vela y Pérez se aconchabaron con la prensa corrupta -vendida al gobierno-, formando entre ellos otra organización criminal dedicada a fabricar escenarios, generar rumores y promover desinformaciones alrededor de las pesquisas que realizaban en el más radical sigilo. El objeto fue orquestar un indescifrable enredo y demorar excesivamente las cosas, con el fin de exonerar y/o minimizar la culpa de OAS, Odebrecht, sus socios locales y demás funcionarios públicos y privados que, en mayor o menor grado, han participado en semejante orgía expoliadora al Perú.
Odebrecht, Graña y Montero y demás confesos asaltantes de su dinero, amable lector, hace tres años siguen “investigados” por dos fiscales que se irrogan la representación nacional –sin ningún pergamino– quienes con su comportamiento vienen exhibiendo, al menos, graves traumas por incoherencia. O incluso hasta colusión con los imputados en perjuicio de la sociedad peruana. Por otra parte, OAS, Graña y Montero, Susana Villarán, Marisa Glave, Anel Townsend, Paola Ugaz y otros funcionarios de la gestión edil cleptómana en la cual participaron, recién este pasado lunes comenzaron a ser investigados, después de tres años de conocerse el entramado de corrupción donde participaron.
La corrupción sigue mandando en este gobierno que maneja como apéndice palaciego al Ministerio Público y mantiene acobardado al poder Judicial con el vicio de los jueces provisionales.
