JNJ: el engendro de Vizcarra

Es increíble ver a personas tratando de defender lo indefendible. Muchos de ellos con un recorrido político que da vergüenza, como el propio padre de ese engendro llamado Junta Nacional de Justicia (JNJ).

¿Ha mejorado la justicia o solo sirve para crucificar, perseguir a unos y proteger a otros? Los hechos nos demuestran que en los últimos años solo hemos visto una persecución implacable a Keiko Fujimori, a quien encerraron en la cárcel, y al presidente Alan García, a quien empujaron al suicidio.

Después de eso, ¿qué? Nada realmente. Susana Villarán, quien confesó haber recibido 10 millones de dólares de empresas brasileras para la campaña de la revocatoria en su contra, está en su casa, tranquila. Ollanta Humala y Nadine Heredia, igual. Ninguno de los funcionarios que fueron corrompidos por Odebrecht y otras empresas está en la cárcel.

Y los magistrados de la JNJ, bien gracias. Y los controvertidos fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela, quienes se convirtieron en parte de la farándula con sus acciones ineficaces, siguen gozando de sus sueldos y tienen el descaro de seguir pidiendo ampliaciones para cumplir su función. Ni una sola sentencia. Ningún corrupto ha sido sancionado. Esa es la realidad.

Pero ahora toca a los magistrados de la JNJ victimizarse y alegar que el Congreso no puede fiscalizarlos porque “rompe el equilibrio de poderes”. Y el inefable Gino Costa, quien algún día tendrá que responder ante la ciudadanía por el papel que jugó en el golpe de Estado del impresentable Martín Vizcarra, es el defensor de oficio de estos personajes.

Veamos los hechos. El artículo 156 de la Constitución establece que para ser miembro de la JNJ se requiere (entre otros requisitos) “ser mayor de cuarenta y cinco (45), y menor de setenta y cinco (75) años”.

La magistrada Inés Tello, integrante de la JNJ, tiene 78 años. Es decir, ya no puede ser miembro de la JNJ. Pero todos los integrantes de la JNJ han interpretado que ella puede seguir como integrante de esa entidad, pese a que el texto expreso de la Constitución no lo permite.

¿No es ese hecho consumado una causa grave que puede ser fiscalizada por el Congreso de la República?

Existen en el Perú, felizmente, personas probas y de gran inteligencia que no temen decir la verdad y salen a decirla. Ellos dicen lo que piensan y por ello mi saludo democrático al doctor Ernesto Blume Fortini, quién ha puesto en su sitio a la manga de caviares llorones. Él nos ha advertido que, cuando los caviares saben que van a perder, acuden prestos a los organismos Internacionales, donde esperan encontrar respaldo a una posición insostenible.

El virus caviar en nuestra historia política lo que ha hecho siempre es subirse al carro del gobernante de turno, aunque después sean los primeros en apuñalarlo sin piedad, o inventar rumores de conspiraciones para asaltar el poder y succionar al Estado como garrapatas.

Se presentan como defensores de la Derechos Humanos, pero solo de la gente de izquierda. Movieron cielo y tierra para sacar de la fiscalía al doctor Pedro Chávarry porque él tenía los expedientes del indeseable Martín Vizcarra y, una vez que entronizaron a Zoraida Avalos, todo se archivó. Impunidad total.

La JNJ de Martín Vizcarra no es consciente de que esa posición ha motivado que la inseguridad se incremente de manera alarmante porque nadie cree en la justicia. ¿Saben cuándo el pueblo peruano va a recuperar su fe en la justicia? Cuando todos los corruptos estén presos, comenzando por los ex presidentes y, en especial, por el padre de ese engendro que estos señores mantienen vivo.

Espero que el Congreso de la República tomé una decisión correcta, que piensen en el Perú y en la necesidad de cambiar este estado de cosas, el Perú no podrá progresar si no hay justicia. La impunidad debe terminar y los delincuentes deben ser procesados y sancionados, sin distinción alguna.

Esto es lo que yo pienso, con el perdón de los adefesios, y lo digo sin anestesia, le duela a quien le duela.

Por Oscar Becerra Tresierra

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