Institucionalidad y separación de poderes
Para que un país tenga un desarrollo equitativo y sostenible en el tiempo se requieren instituciones transparentes, eficientes, eficaces e inclusivas que generen confianza en los agentes económicos, cuyo rol es invertir y poner en marcha ese círculo virtuoso en el cual los grandes ganadores serán los ciudadanos.
Lamentablemente el Perú no avanzó mucho en los últimos años, las múltiples crisis políticas y sociales, y la develación de nuestras grandes falencias a raíz de la pandemia del covid-19 nos muestran la amarga realidad. Pese a ello, las empresas exportadoras siguen trabajando a fin de lograr la recuperación del comercio exterior, y, en consecuencia, mejorar la economía y la situación de los ciudadanos con menores recursos.
El sector privado necesita un entorno amigable a fin de seguir invirtiendo, en ese punto, el Estado debe fortalecer sus instituciones de tal forma que sean los aliados estratégicos del tejido productivo peruano. Tener entidades sólidas y funcionarios de carrera (entiéndase meritocracia), garantizan la continuidad de las políticas públicas e iniciativas promotoras de la actividad privada, que son las grandes generadoras de empleo sostenido.
Lo que vivimos en los últimos años –crisis sociales y políticas y la pandemia– evidenciaron la importancia de fortalecerlas. Los cambios hechos por las diferentes administraciones solo las debilitaron y pusieron en riesgo el funcionamiento y desempeño de la gestión pública y también trajeron consigo más casos de corrupción.
Si bien hemos sido testigos de los esfuerzos del actual gobierno por recuperar la institucionalidad perdida, el orden, seguridad, paz social, y estabilidad, pilares necesarios para llevar bienestar a la población, queda aún mucho por hacer.
Otro de los pendientes es la separación de los poderes del Estado. Los organismos constitucionalmente autónomos deben actuar en el marco de sus atribuciones; solo así se garantizará un Estado de Derecho que promueva las inversiones: el Poder Judicial debe emitir sentencias que ejemplifiquen una verdadera lucha contra la corrupción y el Congreso de la República aprobar leyes generadoras de puestos de trabajo formales, entre otras que realmente incidan en el bienestar de nuestra población.
Por su parte, el Ministerio Público debe perseguir el delito con celeridad y prolijidad y presentar los casos bien sustentados; y la Contraloría General de la República, impulsar acciones de control que eliminen los actos de corrupción en la ejecución de obras de primera necesidad, evitando así perjudicar a los compatriotas más vulnerables.
Ya estamos en el segundo semestre del año, aceleremos en la agenda pendiente y apuntemos a tener un mejor 2024. Si caminamos juntos con los objetivos claros, podemos llevar un mayor bienestar a los más de 34 millones de peruanos.
Por Julio Pérez Alván
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