Inseguridad, buscando una luz al final del túnel

Según la Policía Nacional del Perú, el año pasado se reportaron 456 muertes a consecuencia del robo de celulares, es decir, más de uno al día debido a la inseguridad que afecta la calidad de vida de los ciudadanos y frena las inversiones de los emprendedores, micro, pequeños, medianos y grandes empresarios.

Luego de la ‘Marcha contra la delincuencia y por la paz’ del 19 de diciembre del año pasado, cuyo objetivo fue hacer un llamado a las autoridades para que implementen medidas que acaben con la inseguridad ciudadana, y, realizar una conferencia de prensa el martes último, los representantes de los gremios de trabajadores y empleadores tuvimos al fin una respuesta del Ejecutivo que nos llamó para conversar ayer, viernes 22.

Asistieron la presidenta de la República, Dina Boluarte, el premier Gustavo Adrianzén y los ministros de Economía, Interior, Defensa, Energía y Minas y Producción. La cita fue positiva, el Ministerio del Interior está trabajando el ‘Plan Perú Seguro’ y está pendiente otra reunión este miércoles 27 de marzo en la que haremos aportes a esa iniciativa.

Los gremios de trabajadores y empleadores estamos comprometidos por un Perú seguro y planteamos varias iniciativas, una de ellas fue la instalación de Centros de Flagrancia que den una respuesta ágil y transparente a los hechos delictivos flagrantes de menor complejidad. Actualmente existe una iniciativa liderada por el Poder Judicial que debe ser vista con premura por el Parlamento.

Asimismo, creemos en la importancia de la colaboración público-privada. El sector privado, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos podría brindar mejor iluminación, instalar sistemas de videovigilancia y construir e implementar comisarías a nivel nacional.

Otros planteamientos son mejorar el sistema carcelario nacional, reforzar las labores de inteligencia contra la inseguridad ciudadana; y mejorar la logística y recursos, dotando a la Policía Nacional y al Poder Judicial de los recursos necesarios.

Combatir el crimen organizado debe considerar el reforzamiento de las labores de inteligencia de la Policía Nacional, la vigilancia y monitoreo de data y redes sociales, promover la donación de equipos (drones y equipos de escucha), reactivar los vuelos de la FAP que intercepten avionetas con cargamentos de cocaína y oro ilegal; y tener un mayor control de los insumos de la minería ilegal y el narcotráfico.

De igual forma, controlar el comercio de las economías ilegales y reformar el código penal y procesal con el fin de sancionar la participación de las organizaciones criminales en los diversos actos delincuenciales; y facilitar el uso de la colaboración eficaz para lograr condenas efectivas a sus líderes.

Como se puede leer líneas arriba, hay información de la criminalidad y el compromiso del sector privado para frenar esa lacra social. Confiamos que el acercamiento a las autoridades rinda sus frutos en el corto plazo.
Los peruanos nos merecemos un país en el que caminar a horas de la noche no represente un riesgo a nuestra integridad, que el portar un celular no sea una sentencia de muerte y que podamos invertir en nuestras empresas y seguir creciendo sin enfrentar amenazas de extorsión. Esperemos que estas reuniones se den de forma regular; sabemos que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no llega a buen puerto. Sin seguridad no hay confianza para la inversión. Las acciones y resultados concretos beneficiarán a todos los peruanos.

Por Julio Pérez Alván
Presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX)

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