El escándalo de los peajes

Susana Villarán reconoció públicamente que fue sobornada por Odebrecht y OAS –hay versiones que señalan que habrían sumado US$10’000,000– dizque para financiar la campaña contra su revocatoria y la reelección en el año 2013.

Previamente, Jorge Barata, mandamás de Odebrecht en Perú, ratificó que su representada “apoyó” con US$3’000,000 a Susana Villarán. Y OAS, la otra concesionaria de Rutas de Lima que recauda decenas de millones de soles diarios –producto de los peajes probablemente más caros de Latinoamérica–, también reconoció que sobornó a Villarán con otro millón de dólares. Posteriormente Odebrecht se desprendió de parte del accionariado de aquella concesionaria, vendiéndolo al fondo Brookfiels. La gente que paga estos peajes proviene mayoritariamente de las capas más pobres de la capital.

Con semejantes “aportes” a su campaña, Villarán pudo superar la justa Revocatoria que pesaba sobre ella. Aunque perdió la reelección. ¡Con esos millonarios aportes, Odebrecht y OAS se aseguraron la concesión de unas de las rutas más transitadas de toda la capital! ¡Por cierto, con la ventaja de ser monopólicas; por tanto de tránsito obligado! ¡Porque no existen rutas alternativas para las mismas, violentando incluso lo que ordena la Constitución! Gracias a Villarán, además, Rutas de Lima logró mediatizar los controles o topes al costo de los peajes.

Privilegio que ha convertido a esta concesión en pingüe negocio. Posteriormente, trascendió que, a la coima de tres millones de dólares entregada por Odebrecht a Villarán para la campaña contra la revocatoria, siguió otro aporte por cuatro millones de dólares para la reelección. Porque aquello significaba una póliza de seguros para que Rutas de Lima consolide su contrato de concesión. Si bien Villarán no fue reelecta, la estructura de los contratos permite –hasta hoy– que los contratistas usufructúan de semejante expolio a la población de Lima.

Pero Villarán no confesó este crimen por algún gesto patriótico, ni menos por buena voluntad. Lo hizo porque Jorge Barata declaró ante la Justicia de Brasil haber dado dinero a líderes políticos de varios países latinoamericanas (incluyendo efectivamente a Susana Villarán dentro del pacto secreto de “colaboración eficaz” que firmó con los fiscales Vela/Pérez, para dejar a Odebrecht, sus accionistas y funcionarios absolutamente libre de polvo y paja). A pesar de esto –y otras corruptelas más que estarían por salir a flote– la Fiscalía y el poder Judicial peruano le suspendieron la prisión provisional por 36 meses que venía purgando Villarán.

Este caso revela que, en el Perú, si un criminal forma parte de la mafia izquierdista caviar (como la mayoría de los fiscales anticorrupción) tiene patente de corso para quedar en libertad y hacer lo que le venga en gana, mientras sus juicios se siguen retrasando y diluyendo en trascendencia, hasta posiblemente extinguirse. ¡Sorprende pues que, vencido el plazo del 29 de julio que fijó el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para que el cabildo limeño recupere las vías que aún usufructúa Rutas de Lima, está concesionaria siga operándolas!

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