El docente universitario contratado
Se debe revisar y mejorar el régimen laboral, así como el nivel remunerativo, de los docentes universitarios contratados, sobre todo a tiempo parcial, ya que estos representan la gran mayoría del personal docente de las universidades existentes a nivel nacional. Razón por la cual, de debe normar en favor de ellos un nuevo régimen laboral de promoción y nombramiento, así como nuevas escalas remunerativas, resulta una cuestión fundamental de calidad educativa. Por supuesto, desde siempre se han producido marchas de docentes reclamando una mejora salarial y que “las remuneraciones de los docentes de las universidades públicas se homologuen con las correspondientes a las de los magistrados judiciales”. Este requisito fue establecido en la antigua ley y recogido en el Artículo 96 de la presente Ley Universitaria, Nº 30220.
Si bien la norma establece que en “toda institución universitaria sin importar su condición de privada o pública, por lo menos el 25% de sus docentes deben ser a tiempo completo”, hay un vacío legal ya que no se establece claramente cuáles son los derechos del profesor ordinario y contratado, ni la máxima duración de sus contratos temporales, ni tampoco se obliga a las universidades a invertir en su educación y formación permanente: dos elementos que les permitirían acceder a una promoción inmediata en la escala remunerativa y a un eventual nombramiento para salir de la inestabilidad dentro de la cual la mayoría sobreviven. Este vacío en la norma consiste en que, si bien ahora se exige el grado de Maestro o Magíster para todo profesor universitario y el grado de Doctor para ser profesor principal, no se establece un sistema de becas, ni ninguna clase de financiamiento público o de fondos privados para el docente con calidad de ordinario que ya se encuentra trabajando dentro de la comunidad universitaria y que representa a la mayoría.
Nada de esto tiene sentido cuando pensamos que el docente contratado, empleado temporal, casi sin ningún derecho social, sin derecho a vacaciones pagadas, sin derecho a tiempo de enfermedad, salvo con el derecho a utilizar el Seguro Social universal, está llevando sobre sus hombros, la responsabilidad de brindarle una educación superior de calidad a la gran mayoría del estudiantado nacional, entre los 17 y 22 años de edad. Que ha pasado al menos ocho años de su vida preparándose y estudiando hasta alcanzar el grado de Magíster. Gracias a lo módico de su trabajo, el Estado y las universidades privadas han podido atender las necesidades de las masas sin aumentar las pensiones en los últimos veinte y cinco años.
Sin embargo, todos los congresistas callan ante la realidad de los docentes universitarios contratados. Actualmente existen algunos proyectos presentados en la Comisión de Presupuesto del Congreso, y por la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup), y por otras entidades. Estas propuestas están dirigidas a mejorar el nivel remunerativo de aquellos profesores privilegiados que al menos gozan de uno de los nombramientos existentes. No existe, sin embargo, ningún proyecto de ley para solucionar el problema masivo y humanitario del docente universitario contratado del Perú.
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