Del 'lawfare' o la consigna de la persecución

El 31 de octubre de 2018, el juez Concepción Carhuancho ordenó la prisión preventiva de Keiko Fujimori por 36 meses. Esta resolución fue por demás cuestionable, por decir lo menos, pues Carhuancho solo citó declaraciones de supuestos testigos que “aseguraron” que Keiko Fujimori se reunió con César Hinostroza.

Sobre el peligro de fuga, el juez consideró que este “era intenso y alto”, a pesar de que Fujimori tenía arraigo domiciliario y ocupacional. Asimismo, Keiko Fujimori nunca tuvo un juez imparcial. Nunca se citó ningún elemento de convicción que la involucrara directamente a algún acto ilícito. Solo se le atribuyó ser líder de Fuerza Popular.

Pese a que Keiko Fujimori no ha gobernado el Perú y por tanto jamás ha firmado ningún contrato o concesión y menos aún existe prueba fehaciente de la comisión de algún delito, hoy, afronta el pase del proceso judicial a su fase final, la de un juicio oral y público.

El término lawfare es de origen inglés. Puede entenderse como “persecución judicial” o “judicialización de la política”. El concepto contempla un abuso de poder desde lo judicial, una exageración de procedimientos “legales” y una intención de provocar daño en una figura o grupo político determinados.

Y algunos medios de comunicación juegan un rol fundamental, pues provocan condenas previas al taladrar con titulares en la prensa, horas de radio, horas de televisión. No importa la verdad. Lo que importa es decir que esa persona, Keiko, por ejemplo, es culpable por encima de todas las pruebas.

Y así se emite la verdadera sentencia. Por eso, la campaña real está en la manipulación vía la opinión pública. Se contrata a gente de universidades notables, europeos o estadounidenses. Nadie pregunta a estos periodistas de donde sacaron los datos, pero como son de universidades prodigiosas como Harvard o Cambridge, nadie pone en duda su opinión “experta”. Y por supuesto también están los prodigios nacionales, los predicadores de los imperativos categóricos de la moral y de los dogmas de fe jurídicos que pontifican desde los altares de algún medio sobón.

La finalidad del lawfare en buena cuenta es eliminar a ese enemigo político de la esfera política formal. Es eliminarlo. El lawfare no es otra cosa sino la forma de contar la historia desde una dimensión ideológica muy fuerte en términos de manipulación de corazones y mentes. Cuando repites la misma mentira una y otra vez, al final te van a creer.

El lawfare, al fin y al cabo, trata de todo esto, de la judicialización de la política, de la consigna de la izquierda de la persecución, es, a fin de cuentas, una cacería de brujas en pleno siglo XXI.

Por José Ignacio Carrión Richardson 

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