De mal en peor
La degradación del Estado peruano no cesa, en su lunática carrera hacia el caos total. La culpa exclusiva es de los politicastros que han gobernado nuestro país, a partir de la letal incursión de la izquierda en el manejo del Estado cuando, el año 2011, asumiera la presidencia otro imputado por corrupción, como Ollanta Humala. Incluso, conforme avanzaba el tiempo, gente como Kuczynski –que se autodeclaró socialista– optó por agudizar el desmanejo de la administración pública, incluyendo la corrupción como consigna.
No hay más que revisar la historia reciente, para ver el daño que tamaña deslealtad le ha generado a los 33 millones de peruanos. Es más. Semejante mala praxis ha venido retroalimentando la degradación de aquello que tiempo atrás se llamaba clase política peruana, convertida hoy en cacicazgos que venden la patente de marcas, otrora conocidas como partidos políticos, para que se inscriban analfabetos y gente requerida por la justicia por infinidad de causas (hasta delincuentes prontuariados), para postular bajo esas marcas partidarias; tanto para presidente del Perú como para congresistas, alcaldes, regidores, gobernadores. El resultado es este Estado fallido que han gestado esos caciques propietarios de los hoy malamente llamados partidos políticos, quienes medran del Estado escondidos detrás de dichas agrupaciones a través de la influencia que ejercen mediante los mandatarios, legisladores, ministros, etc., que colocan en el poder, en complicidad con unos electores convertidos en zombis, pues votan por cualquier galifardo que se disfrace de político y pertenezca a alguna de aquellas viejas marcas partidarias.
Ayer comentábamos el caos de la inseguridad ciudadana, consecuencia en parte de la incapacidad de una gestión como la que preside Dina Boluarte, vicepresidente del golpista Castillo que, por casualidad –sin estar capacitada tanto intelectual, como profesionalmente, para ocupar la jefatura del Estado; y sin experiencia alguna en estos menesteres–, de pronto se instaló en palacio de gobierno como presidente del Perú hasta julio de 2026. Un ejemplo de esa degradación para administrar el Estado, de la que hablamos líneas arriba, es que hace cinco años, el gobierno de entonces dispuso sembrar los alrededores de las cárceles con bloqueadores para llamadas –entrantes y salientes– mediante teléfonos celulares. Ha transcurrido un lustro, y las cárceles siguen siendo viles centrales telefónicas, desde donde los capos de las mafias dirigen a sus bandas criminales para organizar secuestros, robar, extorsionar y asesinar a ciudadanos, etc.
Pero ni el ministerio de Justicia, encargado del INPE que, con empleados vestiditos de guachimanes, supuestamente vigila a los presos (entre quienes están los criminales peor rankeados), ni el ministerio del Interior, como tampoco la presidente Boluarte, mueven un dedo por cortar de raíz semejante germen, en principal medida, de la violencia citadina. Pasa igual con las dependencias públicas encargadas de prevenir desastres. Según informó ayer EXPRESO, de los S/3,600 millones asignados para este efecto, se han ejecutado –seguramente mal hecho y, encima, con corrupción– sólo S/200 millones. ¡Y el Niño está a la vuelta de la esquina, con las terribles proyecciones que todos conocemos!
¿Hasta cuándo seguiremos votando mal, amable lector?
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