¡Congreso suicida!
La incompetencia, los intereses personales y la delincuencial indiferencia de quienes, en abril de 2021, postularon rogándole a Juan Pueblo les respalde en las elecciones, para ser sus representantes ante el Parlamento y dar batalla para defenderlos frente al abuso del poder y/o la falta de atención a sus problemas, es esa fórmula pérfida, delincuencial que impera hoy en lo que alguna vez se llamó el primer poder del Estado; y ahora, por mera costumbre, se le sigue llamando Congreso de la República. Es esa fórmula fatal, la que ha puesto al Legislativo en la coyuntura gravísima de gobernar coherente, eficiente y pacíficamente nuestro país; o someternos al yugo de los caviares, aliados del comunismo taimado detrás de esos boluartes, otárolas y tantos otros traidores a la nación peruana, que prefieren subsistir en la vida política subyugados al dictado del Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla cuyo mandato imperativo no es otro que ¡Transformen al Perú en Venezuela! Por nada de eso votamos los peruanos en abril de 2021. Lo hicimos para que el futuro gobierno encare al comunismo regional y defienda la Constitución vigente para que, aplicándola correctamente -como ocurrió en aquella década de gloria que alcanzara este país desde inicios de siglo hasta la llegada de la izquierda al poder con el corrupto -y asimismo golpista- Ollanta Humala- el gobernante redireccione al Perú hacia el sitial de democracia, Estado de Derecho, progreso, concordia y paz social que le corresponde.
Si, a partir del régimen Humala, el poder Legislativo empezó a perder inteligencia, coraje prestancia y capacidad política, es evidente que, a lo largo de esta década y pico corrida desde entonces, lo único que hemos visto es un descontrolado incremento de sujetos neófitos, convenencieros, corruptos, traferos y procaces disfrazados de congresistas. Y es allí donde estriba el colosal dilema que hoy enfrenta el Legislativo. Porque, por culpa de la estupidez de la mayoría de los congresistas que dejaron pasar –sin control alguno ni penalidad– el delito constitucional perpetrado por los demás integrantes de la Junta Nacional de la Justicia quienes convalidaron una violación a la Carta de su colega Inés Tello Bonilla, quien “interpretó” la Constitución, reemplazando al TC, único exegeta de la Carta Magna en dicha tarea. Consecuentemente, todos se colocaron al margen de la ley. Pero el Congreso les perdonó semejante atentado. Y ahora, la Junta arremete junto con las demás fuerzas plegadas a la mafia caviar y al comunismo regional, nada menos que para clausurar el poder Legislativo en connivencia con el poder Judicial. Al extremo que el proceso de remoción a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por presunta causa grave, sigue paralizado en el Congreso. ¿La razón? Ni el poder Judicial, ni tampoco el Tribunal Constitucional, responden hasta hoy al pedido del Parlamento para anular el fallo judicial que suspendió aquel acuerdo . Según la congresista Gladys Echáiz, el Legislativo prefirió ser ” “respetuoso” del Poder Judicial, a pesar de existir un fallo favorable del Tribunal Constitucional. ¡Así de cándido es el Congreso actual!
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