Bochornoso descerraje global
En las últimas tres semanas, Perú ha sido remecido por colecciones de relojes y joyas de lujo que usa la presidente, Dina Boluarte; y, sobre todo, por el allanamiento y diligencias ocurridas en su residencia casi a la medianoche del viernes 29 de marzo.
Sucesos que, sin duda, contaron con masiva resonancia mediática nacional y global, convencional y digital.
El mundo observó conmovido y consternado como el descerraje del portal de la vivienda cedía el paso a decenas de fiscales, agentes policiales y abogados.
La imagen de Perú sufría, la negación de país sostenible. Lo peor es que medios como Le Monde, El País, New York Times, las cadenas internacionales de enorme audiencia como la BBC o la CNN, propalaban comentarios sobre la forma en que trataban a una jefatura de Estado.
Me pregunto entonces si en una etapa investigadora preliminar, el sistema judicial peruano puede ingresar a la fuerza al domicilio y oficina gubernamental de la máxima autoridad de Perú. ¿Entonces, podría suceder peor con un simple empresario o inversionista extranjero, transitoriamente residente?
Sin la menor duda, el fiscal de la Nación interino hizo de la Semana Santa un show, una exhibición de poder.
No midió las graves consecuencias que acarrea para la imagen, institucionalidad, finanzas y economía del país.
Encontrar lo que encontrara durante aquella noche fiscal, podría ser parte de una prueba acusatoria que se acumularía en el expediente que finalmente integraría la acusación fiscal al término del mandato de la presidente. Antes de ese lapso, no.
¿Entonces, por qué el apresuramiento? ¿Acaso existe la certeza que en algún momento la presidente pueda ser vacada por el Congreso y luego exista posibilidad de fuga?
Nadie discute la torpeza que implica de que una persona se vista y exhiba joyas de valor sin explicar o demostrar los recursos que justifiquen su adquisición.
Aún más, es inconcebible esta situación de sospecha en una persona que ejerce una alta función pública. Pero de allí a promover un escándalo con evidentes repercusiones internacionales existe distancias que bien han podido ser evitadas.
O es que la posición del fiscal interino tiene incalificables ribetes políticos.
Es claro que se pretende crear las condiciones para justificar la vacancia presidencial. O también convertir el cargo de fiscal de la Nación transitorio en titular.
De darse el caso, en lo primero se verían gravemente interrumpidos la aún frágil tranquilidad social, así como la reactivación económica que está en ascenso.
Entonces, el actual presidente del Congreso asumiría la presidencia de la República e inmediatamente convocaría a elecciones para presidente y dos vicepresidentes, a cinco meses plazo y cuyo mandato concluiría en julio de 2026.
Para el segundo caso, los votos para elegir formalmente al Fiscal de la Nación, están en designar cuatro vocales titulares para proceder internamente a elegir al principal titular.
De modo que pudo evitarse el espectáculo bochornoso de medianoche de Semana Santa. No banalicemos más las buenas maneras de hacer justicia y política.
* Por Javier Díaz Orihuela, exsenador de la República
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