Acuerdo de Colaboración con Odebrecht: ¿eficaz y beneficioso para quién?
En diciembre de 2016, Estados Unidos reveló al mundo los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y de varios de sus funcionarios en más de 10 países de América Latina y El Caribe para adjudicarse obras. En Perú los cariocas coimearon con USD 29 millones para ganar las obras Interoceánica y Metro de Lima entre el 2005 y 2014.
Se conformó el mediático equipo de fiscales Lava Jato que inició la colaboración eficaz con Odebrecht y cuatro de sus exfuncionarios, siendo Jorge Barata el principal colaborador. El Ministerio Público anunció que esto iba a permitir obtener información útil y acortar los plazos en la búsqueda de pruebas fuera del país.
El fiscal José Domingo Pérez y el procurador ad hoc, Jorge Ramírez, negociaron y firmaron el acuerdo de colaboración con Odebrecht y sus exfuncionarios, quienes reconocieron haber cometido el delito de colusión en solo cuatro obras, pero la Fiscalía les otorgó los más grandes y completos beneficios, como la exención de la pena para todos sus funcionarios y permitir que esta corrupta empresa siga contratando con el Estado.
Además, se inventó una cláusula en el acuerdo que obligaba a Odebrecht entregar información progresivamente –a cuentagotas–, lo cual terminó protegiendo a la empresa y a sus exfuncionarios para que no pierdan sus beneficios en el caso de que se conocieran –por otros medios– otros hechos de corrupción que ellos no hayan reconocido ni declarado en su colaboración.
En su afán de que la colaboración sea más eficaz y beneficiosa para esta empresa “arrepentida”, el procurador Ramírez negoció la irrisoria suma de S/ 610 millones de reparación civil por el incuantificable daño que Odebrecht ocasionó al Estado, a pagar en 15 cómodas cuotas anuales.
Les dejaron el camino libre para demandarnos vía arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Inversiones (CIADI) por la cancelación del contrato del Gasoducto, tal y como sucedió luego que el acuerdo de colaboración fue homologado judicialmente. Exigen el pago de US$ 1200 millones, más de siete veces el monto de su reparación civil, situación debió evitar el procurador como “defensor” de los intereses del Estado.
Pasaron más de seis años desde que se inició la colaboración y más de cuatro desde que se firmó el acuerdo, pero este no ha sido ampliado para incluir otras obras y sobornos, los brasileños tampoco entregaron la identidad de todos los codinomes ni se acortaron los plazos de investigación.
Hoy existen investigaciones preliminares, ninguna sentencia importante y solo un proceso emblemático en juicio oral: el caso Humala-Heredia, el cual tuvo un serio revés porque los funcionarios de Odebrecht no declararán ante autoridades peruanas pese a que el acuerdo los obliga a ello. Esto debilita la acusación fiscal y crea un mal precedente para los otros casos en los que sus declaraciones constituyen pruebas de cargo que sustentan, en gran parte, las acusaciones fiscales.
¿Cuál sería ahora el incentivo para que vengan a declarar si ya recibieron anticipadamente todos los beneficios posibles? Recordemos que el DU 003-2017 permitió que Odebrecht y Barata suspendan las medidas cautelares que, como procuradora, se logró ejecutar sobre sus patrimonios.
¿Dónde están los que abogaron para devolverle a Odebrecht los S/ 524 millones de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla a cambio que nos entreguen la identidad de los codinomes? La lista debe ser amplia, pues muchos mantienen complacida a la empresa temerosos de la información que posee.
Pese a las críticas, advertimos este escenario en el 2017, mucho antes de la suscripción del acuerdo. Ahora, urge el cambio de estrategia en la Fiscalía y Procuraduría para evitar impunidad, aunque algunos daños son irreparables.
Por Katherine Ampuero
(*) Abogada
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