Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apela al racismo para justificar detención de golpista Pedro Castillo: “Fue injusta y discriminatoria”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que la detención de Pedro Castillo fue tanto “injusta” como producto de una “visión de mucha discriminación” de la clase política peruana hacia sectores populares. Según su perspectiva, el proceso no se limita al ámbito penal sino que refleja una dinámica de exclusión a raíz de su origen social.

Castillo fue designado jefe de Estado en julio de 2021 y el 7 de diciembre de 2022 dio un golpe de Estado. Ese mismo día fue destituido por el Parlamento, detenido y procesado por rebeldía, abuso de autoridad y otros cargos. Durante ese momento, México ofreció asilo a miembros de su familia para resguardarlos ante la situación de crisis política.

La política exterior mexicana, iniciada en la gestión del entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador y continuada por Sheinbaum, contempló el resguardo de la esposa y los hijos de Castillo. México acogió a esta familia, bajo el argumento de protegerlos frente a lo que interpretó como una persecución política. Esa acción no fue aislada: el otorgamiento de asilo debe entenderse dentro de una línea de respaldo diplomático hacia lo que se considera una vulneración de derechos humanos.

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En su reciente declaración en conferencia de prensa, Sheinbaum vinculó directamente el encarcelamiento de Castillo con factores de racismo y clasismo presentes en el sistema político peruano. “Correspondía a un tema político que venía desarrollándose hace tiempo y también de una visión de mucha discriminación”, señaló.

Por otro lado, México también hizo uso del asilo diplomático en Lima para acoger a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien enfrenta un proceso judicial en Perú por presunta rebelión vinculada al mismo episodio de 2022. La acogida desencadenó una ruptura en las relaciones diplomáticas entre Perú y México, ya que el gobierno peruano consideró esta acción como una injerencia directa en su soberanía.

Esta semana, Castillo se enfrenta a nuevos trámites procesales que podrían definir su situación a largo plazo: continúa en prisión preventiva, el Ministerio Público peruano mantiene pedidos de años de cárcel y aún no se ha fijado una fecha definitiva para la sentencia. La posición de México —resaltada por Sheinbaum— añade presión diplomática al escenario judicial peruano y refuerza la polarización entre ambos gobiernos.

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