Gustavo Petro ordena a Ministerio de Comunicaciones apropiarse de señal de televisión para entregarlo a otro postor: ¿Colombia sumida en la era de la expropiación?
Decisión presidencial provocó acusaciones de abuso y encendió debate jurídico.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) iniciar el proceso de licitación del Canal 1, pese a que la concesión actual, en manos de Plural Comunicaciones S.A.S., está vigente hasta 2037.
La instrucción, dada durante un consejo de ministros transmitido públicamente, encendió las alarmas en el sector y provocó acusaciones de “expropiación” por parte de la empresa concesionaria.
Petro pidió al ministro Julián Molina avanzar en la apertura del proceso con el argumento de que Colombia requiere “una nueva forma de manejar la televisión”, que, según su visión, debe estar en manos de “juventudes, del arte y la cultura”, en lugar de grupos económicos.
La reacción de Plural Comunicaciones no tardó. Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1, rechazó de manera categórica la decisión y cuestionó su sustento: “No existe fundamento jurídico para lo que solicita el presidente. La concesión está vigente hasta 2037 por ley de la República. Esto constituye un matoneo sistemático contra un medio libre y plural que defiende la democracia y la libertad de prensa”.
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El Ministerio de las TIC, sin embargo, mantiene abierta una investigación sobre presuntas irregularidades relacionadas con la modificación de la composición accionaria de la compañía en 2022.
Según el documento oficial, la empresa no habría actualizado el Registro Único de Operadores de manera oportuna, lo que constituiría un incumplimiento contractual. Plural negó la acusación y argumentó que los cambios de socios internos están permitidos por la ley.
La Superintendencia de Sociedades también intervino en el caso y concluyó que las operaciones realizadas no requieren su autorización, ni implican una subordinación con grupos como Prisa, con el que Canal 1 mantiene un acuerdo de comercialización de contenidos. Esta posición contradice la narrativa de irregularidades que esboza el gobierno.
El Canal 1, concesionado en 2016 tras un pago de 117,000 millones de pesos, es actualmente visto por más de 13 millones de personas al mes y suma 15 millones de seguidores en redes sociales. Además, su programación incluye noticieros y alianzas con medios nacionales y regionales que refuerzan su pluralidad informativa.
Plural Comunicaciones advirtió que la medida presidencial no solo vulnera un contrato vigente, sino que abre la puerta a un precedente de inseguridad jurídica en el sector de medios. Avendaño sostuvo que detrás de la orden existe un interés político por apropiarse de un canal que, según él, “representa el periodismo plural y premiado en Colombia”.
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