Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de terrorismo y desata nuevo pulso político
El Ejecutivo denuncia un plan para aislar La Paz y desestabilizar el país.
El Gobierno de Bolivia presentó una denuncia penal contra el exmandatario Evo Morales por presuntos delitos de terrorismo, atentado contra la seguridad del Estado, obstrucción electoral, y otros cinco cargos que, según las autoridades, amenazan la estabilidad institucional del país.
La acción legal se produjo en medio de una oleada de bloqueos que afectan gravemente la conectividad en regiones clave como La Paz, Cochabamba, Sucre y Potosí.
El ministro de Justicia, César Siles, encabezó la presentación de la denuncia ante la Fiscalía Departamental de La Paz, acompañado por un equipo jurídico que adjuntó como prueba un audio en el que presuntamente Morales ordena cercar la ciudad capital. En la grabación se escucha la frase “con toda, es la batalla final”, interpretada por el Ejecutivo como una incitación directa a una acción coordinada para aislar a La Paz del resto del país.
“El Estado no puede tolerar que un ciudadano, por más liderazgo que ostente, convoque a sabotear el funcionamiento del país por motivos personales o políticos”, declaró Siles, quien exigió a la Fiscalía actuar con celeridad para evitar una escalada mayor.
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Desde sus redes sociales, Evo Morales rechazó categóricamente la acusación. “Esta denuncia no es contra Evo Morales, sino contra los movimientos sociales que luchan por un cambio profundo. Pactar con la derecha no traerá estabilidad. Bolivia necesita soluciones, no persecuciones”, afirmó el exmandatario.
Mientras el conflicto político escala, las protestas han provocado desabastecimiento en mercados, cortes en las rutas interdepartamentales y enfrentamientos esporádicos entre manifestantes y fuerzas del orden. Transportistas y comerciantes advierten pérdidas económicas, mientras miles de ciudadanos sufren retrasos y restricciones en sus actividades diarias.
La denuncia también incluye cargos por destrucción de bienes públicos y alteración del orden constitucional. El Ejecutivo sostiene que estas acciones, coordinadas desde la dirigencia de ciertos sectores sociales, buscan forzar la candidatura presidencial de Morales en las elecciones de agosto, desafiando las actuales normas del Tribunal Supremo Electoral.
Analistas políticos señalan que esta acusación podría marcar un antes y un después en la carrera del líder cocalero. “Estamos ante una batalla decisiva por el futuro político de Morales y la cohesión del oficialismo”, indicó el politólogo Jorge Ramírez.
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