Estados Unidos intensifica presión contra régimen de Nicolás Maduro con incautación de avión en República Dominicana
Aeronave fue usada para vuelos internacionales y señalada por violar sanciones norteamericanas.
Estados Unidos confiscó un avión vinculado al régimen de Nicolás Maduro que permanecía retenido en República Dominicana desde 2024.
La aeronave, un Dassault Falcon 200 con matrícula YV-3360, fue utilizada por altos funcionarios venezolanos y se encontraba en una pista de aterrizaje militar en Santo Domingo.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, supervisó la incautación junto a un fiscal dominicano y un representante de las fuerzas de seguridad estadounidenses. Durante el procedimiento, colocaron un cartel con la inscripción “incautado” en la aeronave, formalizando así la medida.
Para concretar la confiscación, Rubio firmó una solicitud de exención de congelación de ayuda extranjera, lo que permitió el pago de más de 230,000 dólares en cuotas de almacenamiento y mantenimiento. Además, el Departamento de Justicia del país norteamericano aprobó la operación, lo que facilitó el proceso legal.
Avión confiscado por Estados Unidos
Las autoridades dominicanas detuvieron el avión en 2024, durante la administración de Joe Biden, pero la confiscación estadounidense se hizo efectiva tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
Aunque en el momento de la retención la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, no se encontraba a bordo, la aeronave fue utilizada por Maduro y otros altos funcionarios para viajar a países como Turquía, Rusia, Cuba y Grecia, lo que, según Washington, violaba las sanciones impuestas al régimen venezolano.
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El gobierno estadounidense aseguró que, en 2019, el entonces ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, también usó la aeronave para asistir a una reunión de la OPEP en Emiratos Árabes Unidos.
La confiscación refuerza la política de línea dura que mantiene el gobierno de Trump contra Maduro, en medio de un escenario diplomático donde algunos funcionarios buscan establecer negociaciones mientras otros promueven sanciones más estrictas.
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