California pone en marcha nuevas leyes que impactan en alquileres, salarios, salud y comercio digital
Normas apuntan a combatir fraudes en línea y elevar la calidad de vida de los residentes.
California activó desde el 1 de julio de 2025 un conjunto de leyes que modifican aspectos clave de la vida diaria de millones de residentes.
La agenda legislativa, diseñada para reforzar la protección al consumidor y garantizar mejores condiciones laborales y de salud, también incorpora medidas frente a delitos recurrentes como el robo en tiendas minoristas.
Cambios en suscripciones digitales
Uno de los cambios más comentados corresponde a la Ley AB 2863, que impone reglas más estrictas a las suscripciones digitales.
A partir de ahora, las empresas deberán solicitar un consentimiento afirmativo del usuario antes de renovar automáticamente un servicio tras un periodo de prueba o promoción.
Con esta modificación, la renovación tácita dejará de aplicarse en California, lo que evitará cobros inesperados y dará mayor control a los consumidores.
Comercio electrónico
Las reformas también alcanzan al comercio electrónico. Plataformas como eBay o Facebook Marketplace tendrán la obligación de colaborar con las autoridades cuando identifiquen ofertas de productos robados.
Con esta medida, el Estado busca frenar la venta ilícita en entornos digitales y proteger a potenciales compradores de fraudes.
Alquiler y salario
En materia de alquiler temporal, los legisladores fijaron obligaciones más claras para servicios como Airbnb.
A partir de esta fecha, la normativa exige que los anfitriones comuniquen de manera transparente cualquier tarifa extra, como las de limpieza. Si no cumplen con esta disposición, podrían enfrentar sanciones que llegarán hasta los 10 mil dólares.
Los ajustes también se reflejarán en el ámbito salarial. Ciudades como San Francisco y Berkeley elevarán su salario mínimo a 19,18 dólares por hora, mientras que en Fremont alcanzará los 17,75 dólares.
Otros ámbitos
En salud pública, la legislación determinó que las credenciales escolares incluyan de forma visible la línea directa 988, habilitada para atender emergencias vinculadas a crisis mentales.
Por otro lado, los empleadores con más de 100 trabajadores deberán ofrecer cobertura para tratamientos de fertilidad. El cambio responde a demandas de colectivos que reclamaban mayor acceso a procedimientos médicos de alto costo.
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En paralelo, la Ley CARE se ampliará para que jueces ordenen programas de apoyo a personas con trastornos mentales no tratados, reforzando así la red de asistencia en salud mental.
Las autoridades estatales defendieron el paquete de medidas como un esfuerzo integral por reforzar la seguridad pública, garantizar transparencia en el comercio y ampliar derechos sociales.
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