Álvaro Uribe condenado en Colombia: expresidente alega persecución desde izquierda política
A sus 73 años, el exmandatario asegura que seguirá activo en la vida pública.
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, rechazó la decisión judicial que lo halló culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal, al afirmar que se trata de un acto de persecución impulsado por sectores de izquierda.
El histórico fallo de la jueza Sandra Heredia convirtió este lunes al exmandatario en el primer presidente colombiano condenado por la justicia ordinaria del país.
La lectura del veredicto desde el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá marcó un precedente en Colombia, donde ningún jefe de Estado había enfrentado una sentencia de este tipo.
Pese a ello, Uribe sostiene su inocencia. “Existe una naciente dictadura que debemos combatir con ideas”, expresó con vehemencia durante un discurso en Medellín, al insinuar que el proceso judicial responde a intereses ideológicos contrarios a su legado político.
Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 bajo el lema “Mano firme, corazón grande”, dirigió una política de seguridad democrática que, según sus defensores, debilitó significativamente a las FARC y reforzó el papel del Estado.
Su mandato terminó con un índice de aprobación del 75 %, y desde entonces, se mantuvo como una figura determinante en el escenario político nacional, especialmente a través del partido que fundó, el Centro Democrático.
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La condena, sin embargo, no lo aleja del debate público. Su popularidad sigue vigente y su influencia se extiende incluso hasta las elecciones de 2026. En su entorno, muchos consideran que la decisión judicial representa un intento por deslegitimar años de lucha contra el terrorismo y por la inversión privada.
Desde el extranjero también surgieron voces de respaldo. Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular en Perú, expresó su solidaridad mediante una publicación en redes sociales. “Presidente Álvaro Uribe Vélez, no está solo”, escribió.
Fujimori calificó la sentencia como una medida injusta que “intenta dañar su honor, y también el de millones de ciudadanos que creemos en su legado”.
El expresidente, de 73 años, también enfrenta investigaciones por hechos ocurridos durante su gobierno, como las interceptaciones ilegales del DAS, los vínculos con grupos paramilitares y los llamados “falsos positivos”. No obstante, ninguno de esos casos derivó hasta ahora en una condena.
El fallo reciente, derivado de una investigación iniciada en 2018, responde a acusaciones de soborno y fraude procesal en un caso donde se alega que Uribe habría intentado manipular testigos a su favor.
Pese a la gravedad del fallo, Uribe no mostró intención de replegarse. Por el contrario, mantiene su discurso frontal contra lo que denomina “castrochavismo” y promueve la resistencia ideológica frente al gobierno actual. “Mi conciencia está tranquila. Seguiré luchando por Colombia”, insistió.
Su caso polarizó aún más el ambiente político colombiano, donde sus detractores celebran el fallo como una muestra de que nadie está por encima de la ley, mientras sus seguidores lo consideran una víctima de un aparato judicial parcializado.
Así, el país asiste a un momento sin precedentes: un expresidente hallado culpable, pero que no cede espacio ni en la arena política ni en la defensa de su inocencia.
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