Más de 50 abogados se oponen a posible allanamiento al estudio de Humberto Abanto, defensor de Patricia Benavides
Firmantes calificaron como represalia cualquier medida que busque irrumpir en estudios jurídicos de letrado.
Más de medio centenar de abogados y ciudadanos alertaron sobre un posible abuso de autoridad por parte del Ministerio Público, al pronunciarse contra una eventual solicitud fiscal de allanamiento a las oficinas de los abogados Humberto Abanto Verástegui y Juan Peña Flores, quienes ejercen la defensa legal de la fiscal suspendida Patricia Benavides Vargas.
Mediante un pronunciamiento público, los firmantes calificaron como represalia cualquier medida que busque irrumpir en los estudios jurídicos de ambos letrados.
“Rechazamos todo intento de intimidación que busque forzar a los juristas defensores a abandonar su labor”, señalaron.
El documento también apeló a lo establecido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 199/2024, que fija criterios específicos para autorizar este tipo de intervenciones.
Según la resolución, los allanamientos a oficinas de letrados solo pueden proceder con autorización judicial y bajo una “fundamentación cualificada” que delimite estrictamente el ámbito de acción fiscal, con el fin de proteger el secreto profesional. “Recordamos que el derecho de defensa es esencial para garantizar un debido proceso.
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Toda actuación fiscal que afecte esta garantía debe ser rigurosamente fundamentada, conforme al estándar constitucional”, afirmaron los firmantes, quienes también pidieron al Poder Judicial no ceder ante presiones mediáticas ni internas del Ministerio Público.
Los firmantes advirtieron que la información relativa a la defensa de Patricia Benavides Vargas fue expuesta de forma pública por los propios medios de comunicación, por lo que consideraron injustificado cualquier operativo de esta naturaleza.
“No existe razón legal ni fáctica para allanar las oficinas de los abogados Abanto y Peña. Su defensa ha sido transparente y de conocimiento público”, recalcaron.
Asimismo, criticaron lo que consideran una campaña de hostigamiento contra el equipo legal de Benavides, presuntamente impulsada como represalia por sus acciones legales contra la Junta Nacional de Justicia.
“Es un intento por debilitar una defensa que ha sido incómoda para ciertos sectores del poder”, denunciaron.
El pronunciamiento no solo recoge el respaldo gremial del sector jurídico, sino también el apoyo ciudadano ante lo que califican como un posible quiebre del principio de legalidad.
“Pedimos que no se preste el Poder Judicial al juego político ni a decisiones arbitrarias que vulneran derechos fundamentales”, agregaron.
La situación se da en un contexto de creciente tensión institucional entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras la resolución que ordenó la reposición de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación y la negativa de un sector fiscal de acatarla.
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