Denuncian a Segundo Acho Mego, presidente de EsSalud, por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos
Informes de la Contraloría advierten que funcionario no cumplía con requisitos exigidos para ocupar cargo.
El periodista C. Alfredo Vignolo G. del V. presentó una denuncia al Ministerio Público contra el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Cecilio Acho Mego, por una serie de presuntos delitos que comprometen la legalidad de su designación y la gestión de la seguridad social.
La acusación apunta a enriquecimiento ilícito, malversación de bienes, fraude procesal, concusión, falsificación de documentos y coacción laboral, lo que coloca al máximo representante de la entidad en el centro de un escándalo de gran alcance.
Además, su designación, avalada por Decreto Supremo en marzo de 2022, fue cuestionada por sindicatos, gremios médicos y organismos de control que advierten de un copamiento político en beneficio de Alianza para el Progreso (APP).
Los informes de la Contraloría General de la República advierten que Acho no cumplía con los requisitos exigidos para ocupar el cargo.
Un documento importante reveló que no estaba habilitado por el Colegio Médico al momento de asumir funciones y que los certificados laborales que presentó carecen de sustento.
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Incluso, clínicas privadas confirmaron que su relación con él fue meramente verbal y sin registros formales, lo que pone en entredicho la veracidad de la experiencia declarada.
El Ministerio de Trabajo recibió el informe de control, pero no adoptó medidas inmediatas. A la fecha, el funcionario continúa en el cargo y suscribiendo documentos oficiales, lo que podría comprometer la legalidad de los actos administrativos de la entidad.
El propio órgano de control advirtió que esta situación afecta principios como transparencia, probidad e idoneidad en la función pública.
Paralelamente, la Fiscalía de la Nación mantiene investigaciones abiertas contra Acho Mego por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, fraude procesal, concusión y abuso de autoridad.
Pese a la gravedad de estos procesos, el avance de las indagaciones fue lento, lo que ocasiona suspicacias sobre la protección política de la que gozaría el funcionario.
La situación encendió las alarmas en los sindicatos de EsSalud. Diez gremios anunciaron una huelga nacional indefinida desde el 9 de septiembre, denunciando un copamiento político en la institución.
Según los trabajadores, varios de los nuevos gerentes y asesores responden directamente a APP, partido fundado por César Acuña, lo que debilita la autonomía de la seguridad social y la convierte en un espacio de favores políticos.
Los cuestionamientos no se limitan a la designación de cuadros políticos. Medios de comunicación revelaron que Acho canceló de manera repentina una deuda bancaria de más de 170 mil soles que arrastraba por casi tres años, justo después de su nombramiento.
Expertos financieros sostienen que este pago requiere justificar un ingreso extraordinario, pero el funcionario se limitó a señalar que todo se canceló sin detallar la procedencia del dinero.
Mientras tanto, la crisis en los hospitales de EsSalud se profundiza. Pacientes del Rebagliati, el Almenara y el Sabogal denuncian que equipos esenciales, como tomógrafos y resonadores, permanecen inoperativos durante semanas.
La demora en citas médicas, la escasez de medicamentos y la saturación hospitalaria son ya parte del día a día, en un sistema que administra más de 15 mil millones de soles anuales.
Organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtieron que el Consejo Directivo de EsSalud carece de capacidad de conducción y representación real de los asegurados.
La OIT propone una reforma estructural con once medidas importantes, entre ellas fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones, factores hoy debilitados por los cuestionamientos a la presidencia ejecutiva.
La permanencia de Acho Mego en la cúpula de EsSalud amenaza con convertir una crisis administrativa en una crisis institucional de mayores proporciones.
Con millones de peruanos dependientes del sistema, la falta de acciones correctivas no solo erosiona la legitimidad de la seguridad social, sino que pone en riesgo la salud y la vida de los asegurados.
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