Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, denuncia irregularidad en sentencia contra expresidente
Defensa legal exige auditoría por supuestas anomalías en el proceso de notificación.
La defensa legal del expresidente Ollanta Humala acusó al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de suscribir y notificar la sentencia condenatoria contra el exmandatario minutos después de que este hiciera pública una queja sobre la falta de notificación, lo que motivó una queja funcional ante la Autoridad de Control del Poder Judicial.
El abogado Wilfredo Pedraza afirmó que el tribunal, integrado por los jueces Nayko Coronado Salazar, Juan Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias, firmó el fallo recién tras la denuncia en redes sociales que Humala realizó el pasado viernes 2 de mayo a las 7:18 p.m.
“Uno revisa con cuidado las firmas digitales y evidentemente las firmas tienen hora posterior al tuit que el expresidente Humala hace público”, indicó el letrado.
Pedraza recordó que los magistrados leyeron el íntegro de la sentencia condenatoria contra Humala y su esposa Nadine Heredia el 29 de abril.
A pesar de ello, la notificación oficial recién se efectuó a las 10:30 p.m. del 2 de mayo, casi tres días después de la lectura pública.
El ex jefe de Estado, condenado a 15 años de prisión por lavado de activos en el caso de los aportes presuntamente irregulares de la campaña presidencial de 2006, denunció ese mismo viernes que no recibió ninguna comunicación oficial del Poder Judicial (PJ).
Esta falta de notificación, según la defensa, impidió presentar una apelación en los plazos previstos.
“Nos parece grave que una sentencia leída no se notifique de inmediato, como lo exige la ley. Estamos solicitando una revisión de los equipos del Poder Judicial porque es probable, es una hipótesis, que los jueces hayan seguido trabajando en esa sentencia luego de haberla dictado”, sostuvo Pedraza durante una entrevista en Radioprogramas.
Piden auditoría sobre actuación de jueces
La defensa legal del expresidente presentó formalmente una queja funcional ante el órgano de control judicial.
“Esperamos que el órgano de control haga una auditoría y verifique si los jueces han seguido trabajando o no una sentencia ya leída”, añadió el abogado.
Pedraza subrayó que este procedimiento no solo afecta a su patrocinado, sino que compromete garantías fundamentales del debido proceso. “Esto no se trata solo de un caso puntual, sino de una alerta sobre cómo se están ejecutando las decisiones judiciales en el Perú”, concluyó.
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