Vladimiro Montesinos saldría de prisión en 2026 si no se dictan nuevas acusaciones, según Minjus
Asimismo, titular de Justicia señaló que solo PJ definirá si Alejandro Toledo acceden a arresto domiciliario.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara Medrano, negó que su sector tenga competencia para decidir el destino judicial del exmandatario Alejandro Toledo, el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos o el también exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.
Aclaró que el Poder Judicial (PJ) debe resolver cada caso, en función de los pedidos presentados por los implicados y conforme a la legislación vigente.
“En el caso de Toledo, su situación dependerá de lo que determine el Poder Judicial. Ellos tienen la palabra final”, afirmó Alcántara en entrevista con un medio local, tras ser consultado sobre la eventual aplicación de la Ley N.º 32180 al exjefe de Estado, que permitiría su arresto domiciliario por razones de salud y edad avanzada.
El abogado de Toledo, Roberto Su, apeló una resolución judicial que rechazó la modificación de su régimen de cumplimiento de condena.
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Según su defensa, la mencionada norma —promulgada en diciembre de 2023— permite que los mayores de 78 años, con enfermedades acreditadas y sentencia firme, puedan purgar arresto en su domicilio.
“Toledo padece afecciones complejas y necesita atención médica constante. La ley está vigente y se aplica”, sostuvo Su días atrás.
Respecto a Montesinos, Alcántara confirmó que su sentencia culmina en 2026, y no descartó que obtenga la libertad si no se le abren nuevos procesos.
“Montesinos tiene 80 años. Si no hay cargos pendientes, podría recuperar su libertad en el plazo previsto. Pero es el PJ quien lo definirá”, remarcó.
Sobre Kuczynski, el titular de Justicia precisó que su expediente aún no se encuentra en etapa de juicio oral, por lo que cualquier decisión judicial tomará tiempo.
“Su proceso está en fase previa. Aún no hay una sentencia firme que determine su responsabilidad o absolución”, puntualizó.
Por otro lado, Alcántara reconoció el severo problema de hacinamiento en las cárceles del Perú. Mencionó que el Tribunal Constitucional otorgó plazo al Gobierno hasta el año 2030 para resolver la crisis en mención, y aseguró que el Ejecutivo ya trabaja en propuestas concretas para ampliar la infraestructura penitenciaria.
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