Reabren tres veces juicio a comandante del Ejército del Perú: cambian cargo penal e ignoran cosa juzgada
Aprodeh (la misma ONG que difamó a los comandos Chavín de Huántar) acusa a José Chávez Velásquez.
Viene de Doble moral roja ante amnistías: la niegan a Fuerzas Armadas, pero la piden para violentistas
En un caso que no es aislado, el comandante EP José Chávez Velásquez viene afrontando un cuarto juicio por los mismos hechos por los cuales ya fue absuelto tres veces. Él ha invocado la ley de prescripción y la de amnistía, pero el Poder Judicial no las aplica, al menos por ahora.
Su martirio empezó en 1991, cuando estaba destacado en Ayacucho, y Sendero Luminoso convocó a un paro armado. Unos profesores que eran de izquierda no lo acataron, y aparecieron muertos. Los deudos identificaron los cadáveres y acusaron al oficial y a sus subalternos de haberlos matado, y se inició un proceso por abuso de autoridad en el fuero castrense, que no encontró responsabilidad.
2 prisiones preventivas
El cargo de asesinato se incluyó después en la Segunda Sala Penal Liquidadora, la cual sentenció el 28 de diciembre de 1995. “Anúlese los antecedentes judiciales y policiales del absuelto”, determinó el colegiado.
Para este momento, ya Chávez había pasado dos veces por prisión preventiva. Su carrera se empezó a estancar por esta persecución irracional, inmotivada e infundada.
Todo parecía acabado cuando llegó la Comisión de la Verdad creada en el 2001, por el entonces presidente de la República Valentín Paniagua. Una ONG llevó a los deudos a declarar, y ellos dijeron que los docentes habían sido víctimas de desaparición forzada.
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¿Cómo se cambió el cargo penal de homicidio por el de desaparición forzada, si se habían reconocido los restos diez años antes? La ONG era Aprodeh, la cual tenía tanto poder entonces que hasta acusó a los comandos Chavín de Huántar de ejecutar extrajudicialmente a catorce terroristas.
Se abrió un tercer juicio, y tras un gran esfuerzo, se recuperó parte del expediente perdido de 1995, donde se absolvía al comandante, y otra sala superior aplicó el criterio de la cosa juzgada.
Nuevamente parecía que el militar podría vivir tranquilamente, pero en el año 2018 la Corte Suprema, con el voto de Jorge Salas Arenas (quien había sido abogado de terroristas), ordenó reabrir el proceso.
Dante Ponciano Biaggi, abogado de Chávez, explica que este es el que el PJ ahora se niega a cerrar, aplicando las leyes vigentes de prescripción y de amnistía.
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