¿Qué procedimientos sigue la JNJ en casos de jueces y fiscales involucrados en supuestos actos de corrupción? Presidente de la Junta responde
El titular de la JNJ abordó casos como el presunto desbalance patrimonial del fiscal José Domingo Pérez y el supuesto tráfico de influencias relacionado con Andrés Hurtado.
El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, destacó los procedimientos que su institución implementa en situaciones que involucran a jueces y fiscales, haciendo énfasis en la importancia del debido proceso.
Durante su intervención, abordó casos relevantes como el presunto desbalance patrimonial del fiscal José Domingo Pérez y el supuesto tráfico de influencias relacionado con el conductor de televisión, Andrés Hurtado.
De la Haza resaltó que "toda persona, sea juez o fiscal, tiene derecho a un debido proceso". En este contexto, explicó que, cuando un fiscal enfrenta acusaciones, la autoridad de control del Ministerio Público inicia la investigación pertinente.
Esta entidad es responsable de elaborar un informe que, si evidencia alguna falta grave, se remitirá a la JNJ para continuar con el trámite correspondiente.
MÁS INFORMACIÓN Junta Nacional de Justicia (JNJ)
"El jefe de control interno del Ministerio Público elabora el parte respectivo y propone la sanción que debe ser evaluada por la Junta Nacional de Justicia", añadió.
En caso de que se justifique, la JNJ abrirá un procedimiento disciplinario sancionador. Los siete miembros del Pleno serán los encargados de evaluar la situación y tomar una decisión.
Sin embargo, De la Haza advirtió que no se puede apresurar ningún juicio, ya que "tiene que hacerse el trámite debido y se tiene que evaluar".
El titular de la Junta enfatizó que cualquier decisión que tome la Junta será pública y accesible a la ciudadanía. Así, garantizó que se actuarán con firmeza ante indicios de faltas graves, pero siempre respetando el derecho al debido proceso.
De la Haza también destacó que es crucial esperar los informes y procedimientos correspondientes antes de emitir juicios definitivos, reafirmando la necesidad de mantener un Estado constitucional de derecho para evitar decisiones arbitrarias.
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