Poder Judicial rechaza suspensión preventiva contra Luis Arce Córdova: confirman que sin antejuicio no hay sanción
Confirmó que no se puede imponer medidas contra altos funcionarios sin levantar el antejuicio político.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso del Ministerio Público y confirmó que el exfiscal supremo Luis Arce Córdova no será suspendido de manera preventiva, como lo solicitó la Fiscalía de la Nación. De este modo, el Poder Judicial cerró la puerta a cualquier medida contra el magistrado sin una autorización previa del Congreso de la República.
Los jueces supremos invocaron el principio del antejuicio político para sustentar su decisión. Según la resolución, la Fiscalía no cuenta con facultades para impulsar acciones penales ni medidas cautelares contra altos funcionarios mientras el Parlamento no levante su inmunidad. “El Ministerio Público no está autorizado para ejercitar la acción penal”, señala el documento.
En este caso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó previamente la denuncia contra Arce Córdova por presunto enriquecimiento ilícito, lo que impide iniciar cualquier proceso penal. Ante ese escenario, el Poder Judicial concluyó que no existe sustento legal para aplicar una suspensión preventiva de 36 meses, como solicitaba la Fiscalía.
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El juez supremo Juan Carlos Checkley ya había rechazado en primera instancia la medida, argumentando que Luis Arce Córdova no ejerce actualmente el cargo y que la denuncia constitucional ni siquiera fue admitida por el Congreso. Sin embargo, el Ministerio Público apeló con base en un criterio aplicado en el caso de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, cuyo levantamiento de fuero fue revocado recientemente.
A pesar del intento, los jueces reafirmaron su postura: ninguna autoridad judicial puede intervenir sobre funcionarios aforados sin el trámite parlamentario correspondiente. De esta forma, ratificaron el fallo de Checkley y blindaron, por ahora, a Arce Córdova de cualquier suspensión administrativa.
En paralelo, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima ordenó a la Junta Nacional de Justicia cumplir con la sentencia que anuló la destitución del exfiscal supremo. El juzgado otorgó un plazo de 15 días para ejecutar el fallo, bajo apercibimiento de sanción económica si se incumple. Así, el Poder Judicial consolida la situación de Luis Arce Córdova y limita el margen de acción de la Fiscalía.
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