Poder Judicial ordena embargar bienes del exministro Willy Huerta por caso Golpe de Estado
Juez Juan Carlos Checkley responde a solicitud de la Procuraduría del Estado en proceso penal.
El Poder Judicial dispuso el embargo de ocho bienes inmuebles pertenecientes al exministro del Interior, Willy Huerta, como parte del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundada la solicitud presentada por la Procuraduría General del Estado, lo que permitió ejecutar medidas cautelares reales sobre propiedades de Huerta, incluyendo un inmueble, una finca, un departamento, un terreno, una tienda y un lote en Lima, además de un inmueble y un lote en el Callao.
La resolución judicial, emitida el pasado 26 de diciembre, establece el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre los derechos y acciones del exfuncionario respecto a estos bienes. El monto total asciende a S/ 2’287,271.11, según lo dispuesto por el magistrado.
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“Se cumple con los presupuestos establecidos en la ley para imponer la medida de coerción procesal de carácter real solicitada; por ello, el pedido es atendible”, afirmó Checkley en su resolución.
El objetivo principal de estas medidas es garantizar el pago de la reparación civil demandada por el Estado peruano, que asciende a S/ 67’711,048.33. Un monto que deberá ser asumido solidariamente por Huerta, Pedro Castillo y otros acusados si son hallados culpables de los cargos presentados por la Fiscalía.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 25 años de prisión para Huerta, junto con su inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer funciones públicas, al acusarlo como presunto coautor del delito de rebelión en agravio del Estado.
El juez también ordenó notificar al jefe de Registros Públicos (SUNARP) – Zona Registral IX, Sedes Lima y Callao – para ejecutar las medidas cautelares. Este caso avanza como parte del compromiso del sistema judicial de preservar los intereses del Estado en procesos de alta relevancia.
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