Poder Judicial evaluará suspensión de Víctor Zanabria en PNP tras apelación admitida
Sala Penal de Arequipa decidirá si mantiene o levanta la suspensión preventiva contra el alto oficial investigado por el Ministerio Público.
El Poder Judicial admitió a trámite la apelación presentada por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, con la que busca revertir la medida que lo suspendió de su cargo por 18 meses.
La decisión de la jueza penal de Arequipa, Janet Lastra, quedó en manos de la Sala Penal de Apelaciones de la misma jurisdicción, que evaluará el caso en audiencia con las partes procesales.
Recurso cuestiona decisión del Sexto Juzgado
El recurso fue ingresado el 16 de septiembre a través de su defensa legal y cuestiona la resolución emitida cuatro días antes, cuando la magistrada del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios ordenó suspenderlo de manera preventiva.
Defensa pidió aclaración de la resolución
La jueza resolvió “conceder” el recurso interpuesto, aunque precisó que lo hacía “sin efecto suspensivo”, lo que significa que la medida de suspensión sigue vigente mientras el tribunal de segunda instancia delibera.
La magistrada también respondió a un pedido de aclaración solicitado por la defensa del oficial. Recordó que su despacho ya resolvió el punto en una notificación del 15 de septiembre, en la que precisó los alcances de su decisión.
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La investigación contra Zanabria se remonta al año 2020, cuando se desempeñaba como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa.
Según la hipótesis de la Fiscalía, durante ese periodo seis suboficiales fueron obligados a ejecutar trabajos de albañilería dentro de instalaciones policiales en horarios destinados a patrullaje a pie.
Fiscalía investiga a Víctor Zanabria por peculado
Por estos hechos, el Ministerio Público lo investiga por presunto delito de peculado en agravio del Estado.
La Sala Penal de Apelaciones deberá convocar en los próximos días a una audiencia pública, en la que la Fiscalía, la defensa del oficial y los demás actores procesales expondrán sus argumentos.
Tras esa diligencia, los jueces decidirán si confirman la suspensión preventiva de derechos o si revierten la medida.
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