Poder Judicial desestima amparo de Sunat contra fiscales del caso Odebrecht
Resolvió que no hubo afectación directa a derechos fundamentales.
El Poder Judicial desestimó la demanda de amparo presentada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) contra el Ministerio Público, en el contexto de la investigación por presunta defraudación tributaria relacionada con exejecutivos de la constructora Odebrecht.
El Séptimo Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente el recurso legal que buscaba anular dos disposiciones fiscales emitidas en 2019 por los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.
Ambos resolvieron archivar la denuncia penal de Sunat al considerar que los hechos señalados estaban vinculados a información protegida por el Acuerdo de Colaboración y Beneficios suscrito con Odebrecht.
En su resolución, el juzgado concluyó que la demanda no satisfacía los requisitos necesarios para activar una acción de amparo, ya que no se acreditó la vulneración de derechos fundamentales.
Precisó que el conflicto planteado por Sunat respondía, en realidad, a una divergencia legal que debe ser canalizada a través de la vía penal ordinaria.
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“El acuerdo de colaboración se limitó a delitos contra la administración pública y no abarcó delitos tributarios”, puntualizó el fallo. Además, descartó que los fiscales hayan incurrido en exceso de funciones, como alegaba la entidad recaudadora.
La decisión judicial recordó que el convenio homologado judicialmente no impide al Estado exigir reparación civil por delitos ajenos al objeto del acuerdo, siempre que se sustenten en elementos probatorios independientes.
En tal sentido, dejó abierta la posibilidad de que Sunat reactive su denuncia si presenta nuevas pruebas no extraídas del convenio.
La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, expresó su preocupación por las consecuencias de estas acciones. “Demandas como esta podrían afectar la confianza en futuros acuerdos de colaboración eficaz”, advirtió.
Con este fallo, el Poder Judicial reafirmó la legalidad del marco de colaboración con Odebrecht y subrayó la necesidad de respetar los límites procesales para evitar interferencias entre órganos del Estado.
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