Pericia a Interoceánica hunde a prófugo Toledo
Sin sustento técnico, aprobó que se pague a Odebrecht por avance que no se había realizado.
Durante el gobierno de Alejandro Toledo se adoptaron medidas para favorecer con la obra Interoceánica Sur tramos 2 y 3, a la empresa Odebrecht y sus socios en el 2005. Un peritaje sobre justificación de valorizaciones en un primer avance, determinó que se viabilizó pagos millonarios sin sustento técnico.
Según la disposición N° 131 del 17 de julio, del fiscal José Domingo Pérez, se emitió el informe pericial N°03-2020 referido a la transitabilidad (cuando se desea que alguna carretera mantenga el flujo vehicular regular durante un determinado período a través del mantenimiento, como la limpieza y otras afectaciones).
Se concluye que no se debió dar paso al período de transitabilidad, porque se incumplieron con la entrega del terreno, la aprobación del proyecto de ingeniería al detalle, estudios de impacto ambiental y no hubo programa detallado de transitabilidad y la fecha de vigencia de obligaciones.
“[…] Se iniciaron los trabajos sin un plan detallado (como exigía el contrato), porque no se definieron las cantidades, las tareas a realizar, ni los costos; no se contó con supervisión, porque los apuntes de la supervisión, en el cuaderno de transitabilidad se realizaron a partir del 8 de marzo de 2006”, dice el informe que accedió EXPRESO.
“Por tanto, al no cumplirse con los requisitos exigidos en el contrato, no debió efectuarse el pago”, dice otra parte del documento.
Los expertos concluyen que al generarse la adenda N° 1, en la obra IRRSA Sur, se ocasionó un perjuicio al Estado. En esta parte, Odebrecht ya no estaba obligado a presentar un informe a los seis meses de iniciar los trabajos de transitabilidad. Se benefició con un pago adelantado y un monto mayor al lapso de tiempo que se necesitó para formalizar el inicio de la obra.
Más tarde, el Estado tuvo que reconocer mayores pagos a la constructora brasileña por el tramo 2, a través de la adenda N°6 y por perder en el laudo arbitral N° 1501 que le entabló Odebrecht.
Asimismo, se originó otro pago similar por el tramo 3 con la adenda N° 5 y el laudo del caso arbitral N° 1502.
“En ese sentido, con el pago en exceso realizado a consecuencia de las adendas (5 y 6) y arbitrajes (501 y 502) se causó un daño económico al Estado con montos de US$ 2.5 millones para el tramo 2 y de US$ 6’453,386 para el tramo 3”, dice el documento.
Durante el gobierno de Alan García se generaron las adendas N° 5 y 6. La N° 5 se creó para el tramo 3 ante el riesgo de una paralización por agotarse el presupuesto establecido. En esa línea, se habilitó un período transitorio desde setiembre del 2008 hasta marzo del 2009.
En marzo, el juez Richard Concepción Carhuancho acogió la petición del fiscal Pérez para que se amplíen las diligencias por tres meses.
SOBORNOS
En el 2005, el comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de servicios públicos otorgó la buena pro de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur.
El ganador –vía sobornos– fue el consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero y JJ Camet.
ÁRBITROS
Richard Martín Tirado, Iván Galindo y Mario Castillo Freyre en un arbitraje; Emilio Cassina Rivas, Horacio Cánepa y de nuevo Castillo Freyre en otro, favorecieron a la transnacional en el 2008, cuando Alan García era presidente de la República.
POR: JANET LEIVA
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