Pedro Castillo: defensa de exmandatario sigue insistiendo en que golpe fue solo un “desliz político”
Fiscalía se opone en que el anuncio presidencial buscó quebrar el orden democrático.
La defensa del expresidente Pedro Castillo reconoció, durante el juicio oral que se sigue en su contra, que el mensaje emitido el 7 de diciembre de 2022 constituyó un acto inconstitucional. No obstante, negó que esa acción encajara en la figura penal de rebelión, como sostiene la Fiscalía.
El abogado defensor Ricardo Hernández alegó ante el tribunal que la declaración televisada de Castillo —en la que anunció la disolución del Congreso, la reestructuración del sistema judicial y la instauración de un gobierno de emergencia— no tuvo como objetivo incitar a un levantamiento armado, sino que respondió a una crisis política.
“El discurso fue un acto político frente a lo que se consideraba una situación inconstitucional, pero no se reunieron los elementos típicos del delito de rebelión: no hubo alzamiento efectivo ni uso de violencia armada idónea”, afirmó.
La estrategia de defensa apuntó a desmarcar el mensaje presidencial del tipo penal que implica violencia y respaldo armado.
Hernández insistió en que la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como el rechazo inmediato de las instituciones del Estado, demuestran la inviabilidad del supuesto golpe.
“El colapso inmediato del mensaje presidencial evidencia que no se cumplió el componente de alzamiento armado necesario para configurar el tipo penal”, agregó.
Fiscalía rechaza intento de quiebre constitucional
El Ministerio Público (MP) refutó con firmeza esa postura. El fiscal adjunto supremo Edward Casaverde sostuvo que el acto representó una clara vulneración al orden democrático. “No se trató de una simple expresión política, sino de un intento directo de quebrar el orden constitucional”, declaró.
Casaverde también se refirió al pronunciamiento emitido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en redes sociales pocas horas después del anuncio presidencial, calificándolo como evidencia del rechazo institucional generalizado.
Según explicó, si bien la expresión “golpe de Estado” usada por la JNJ puede entenderse como una calificación política y constitucional, su valor como elemento probatorio reside en el rechazo oficial e inmediato que refleja.
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