“A pedido de partes corruptas, hay algunos casos que terminan encarpetados”, según jurista Luis Pacheco Mandujano
En el Perú no se respetan los principios de celeridad y economía procesal, señala Pacheco Mandujano.
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“Todo proceso judicial sea de naturaleza penal, civil, administrativo o laboral se rige por varios principios y son dos significativos: de celeridad y economía procesal”, opina el jurista Luis Pacheco Mandujano.
Esto significa que la administración de justicia debe resolver los casos de una manera más pronta porque justicia que tarda ya no es justicia y en la medida en la que sea más célere entonces incurrirá en menos gastos para las partes que intervienen en el proceso y para el propio Estado, subraya.
Lo que sucede es que en el Perú existe una permanente violación o en el mejor de los casos desobediencia de estos dos principios por parte de la administración de justicia y esto se debe en gran medida a tres factores fundamentales, dijo.
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“En primer lugar, la enorme carga procesal que impide que los jueces puedan conocer y resolver todos los casos que se encuentran pendientes de trámite en sus respectivos despachos. Estamos hablando de más de 1,500 expedientes por despacho al mes y eso es casi imposible darle trámite.
Segundo, la corrupción, por ejemplo, cuando “algunos casos terminan encarpetándose a pedido de alguna de las partes a cambio de prebendas.
Tercero, sucede que en el Perú sí hay celeridad procesal para quienes controlan institucionalmente el Poder Judicial y al Ministerio Público, en especial algunas ONG; subraya el experto.
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