Pareja de abogado de Brookfield asesora a Delia Espinoza, mientras ratifican a jueza no apta en caso peajes
Al descubierto cercanía de Rutas de Lima con fiscal de la Nación, por medio de César Azabache.
Un aparente conflicto de intereses estaría sucediendo con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Tiene como asesora de confianza a la pareja del abogado de Brookfield, empresa socia de la corrupta Odebrecht (hoy Novonor) que ha demandado por 2,700 millones de dólares al Perú.
Se trata de Cecilia Ana Sofía Cebreros Apaza y César Lino Azabache Caracciolo, respectivamente, como informó el portal El Foco.
Muertes por covid
“Otros personajes que el estudio Azabache Caracciolo defiende son la exministra de Economía, María Antonieta Alva, investigada por negociación incompatible debido a la compra de pruebas rápidas para el covid-19, y el exministro del Interior Carlos Basombrío, investigado por irregularidades en los ascensos en la Policía”, indicó.
Estos y otros casos del abogado de los peajes corruptos se tratan al más alto nivel del Ministerio Público. Es decir, en el despacho de Espinoza.
Azabache había sido procurador anticorrupción en el gobierno del hoy condenado por corrupción Alejandro Toledo, y luego representante peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Eso no fue obstáculo para que ahora defienda la concesión que Susana Villarán entregara a la empresa que le dio diez millones de dólares cuando era alcaldesa.
Este mismo abogado ha representado a Marisa Glave en una denuncia por acoso contra César Rojas, periodista de EXPRESO. Por aparente coincidencia, Glave fue promotora de los peajes de Rutas de Lima, y está investigada en el Equipo Lava Jato.
Dentro de la trama de peajes, Hilda Piedra Rojas, presidenta de la Corte de Justicia de Lima Sur, dispuso la permanencia de Vilma Vidales
Ramírez como jueza supernumeraria a cargo de evaluar el habeas corpus contra la referida empresa.
Piedra y Vidales
Pese a que fue descalificada en un concurso público y presenta bajo rendimiento (46.6 %), la magistrada sigue con la responsabilidad histórica, frente a recursos de las municipalidades de Lurín y de Santa María del Mar.
Este mismo argumento ya había sido usado para mantener en el cargo a la jueza Elizabeth Chávez Hachata, quien tampoco resolvió el habeas
corpus presentado en marzo de 2024 y obtuvo un 58.8 % de capacidad resolutiva.
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