OCDE insta a Delia Espinoza a "proteger" a fiscales Lava Jato: los denomina víctimas de "acoso"
Si "interferencia" continúa, se deberá tomar medidas, anuncia.
El Grupo de Trabajo sobre el Soborno de la OCDE llamó la atención con una misiva dirigida a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en la que califica de “acoso” las investigaciones contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.
La carta, con fecha 1 de julio de 2025, no solo ejerce presión sobre el Ministerio Público, sino que lo hace en un momento especialmente delicado para la justicia peruana: cuando el Tribunal Constitucional está por determinar si anula el emblemático caso 'Cócteles'.
La organización internacional, en su afán por influir en el proceso, parece pasar por alto los cuestionamientos a los que se enfrenta el equipo Lava Jato por sus propios errores, que debilitaron la credibilidad de sus procesos.
La misiva insta a la Fiscalía a “asegurar que los fiscales que llevan a cabo casos sensibles de corrupción puedan desempeñar sus funciones de manera independiente y sin injerencia política”, pero omite que algunos de los procedimientos que enfrentan son el resultado de acciones irregulares que permitieron su revisión.
Los errores de Lava Jato y el riesgo de impunidad
La carta de la OCDE parece ignorar los vicios procesales identificados por el TC que marcaron el camino de Lava Jato en el Perú. Un claro ejemplo es el del fiscal José Domingo Pérez, cuyos cuestionables procedimentales, que involucró la deficiencia en la acusación fiscal y la vulneración del debido proceso, permitieron que se anulara el juicio oral contra Keiko Fujimori en el caso 'Cócteles'.
La organización insiste en que “los fiscales principales en el Equipo Especial Lava Jato se han enfrentado a numerosos procedimientos penales y disciplinarios”, pero no especifica que muchos de ellos derivan de acciones que socavaron la validez de las propias investigaciones.
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Al calificar estos procedimientos como una simple "interferencia", la OCDE deslegitima los mecanismos de control internos. La misiva llega al extremo de sentenciar que Perú "no cumple con este requisito" fundamental de asegurar la independencia de sus fiscales.
Esta postura, sin embargo, omite que el verdadero riesgo para la lucha anticorrupción proviene de las irregularidades que pusieron en peligro el futuro de casos emblemáticos.
La OCDE, en su escrito, da un plazo a Perú hasta diciembre de 2025 para "informar sobre las medidas tomadas". Advierte además que, de continuar lo que considera una "interferencia", podría recurrir a “medidas excepcionales”.
No obstante, esta presión se ejerce mientras el Tribunal Constitucional se prepara para decidir el destino del caso 'Cócteles', un proceso que la propia organización internacional busca proteger, a pesar de las falencias que lo llevaron a su situación actual.
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