Martín Vizcarra: así reaccionó procesado por corrupción a nueva inhabilitación del Congreso
Vía redes sociales.
El expresidente Martín Vizcarra reaccionó a su tercera inhabilitación aprobada por el Congreso, que le prohíbe ejercer cargos públicos por 10 años. Esta vez, la sanción se debe a su decisión de disolver el Parlamento en 2019, considerada ahora como una infracción constitucional.
“El Congreso vuelve a inhabilitarme. Por cerrar el Congreso de forma constitucional y con el respaldo mayoritario de la población. Me temen y temen a lo que represento. No me van a doblegar. Que el pueblo decida en las urnas, no una mayoría de 3% que a nadie representa”, escribió Vizcarra en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
El mensaje fue publicado minutos después de que el Pleno del Congreso aprobara, con 67 votos a favor, la inhabilitación por infracción al artículo 134 de la Constitución. La medida fue impulsada por parlamentarios de Renovación Popular y Honor y Democracia, tras un pedido de reconsideración.
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La tercera inhabilitación se suma a otras dos sanciones previas que ya pesaban sobre el exmandatario. La primera fue en abril de 2021, cuando fue sancionado con 10 años de inhabilitación por el caso Vacunagate, al haberse inmunizado en secreto con dosis de Sinopharm durante la pandemia.
La segunda fue en mayo de 2022, cuando el Congreso lo inhabilitó por cinco años por vínculos con empresas privadas mientras se desempeñaba como ministro de Transportes en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ambas medidas le impidieron ejercer el cargo de congresista, para el cual había sido electo.
Martín Vizcarra: avanza juicio en su contra
Además del plano político, Vizcarra enfrenta un juicio penal en etapa final por los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, vinculados al cobro de presuntas coimas cuando fue gobernador regional de Moquegua. El proceso está a cargo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.
El Ministerio Público lo acusa de haber recibido más de S/ 2.3 millones en sobornos de empresas como ICC Contratistas Generales y Obrainsa, a cambio de la adjudicación de obras públicas. Las entregas se habrían dado en maletines y mediante intermediarios, según colaboradores eficaces.
Entre las pruebas más contundentes destacan las declaraciones del empresario José Paredes y de exfuncionarios que afirman haber gestionado pagos para Vizcarra. También se presentaron pericias contables y registros de llamadas que confirmarían la coordinación de los pagos.
El fiscal Rafael Vela, del Equipo Especial Lava Jato, señaló que las pruebas son “muy sólidas” y que se llegó a una etapa crucial del juicio. De ser hallado culpable, el exmandatario podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio.
Vizcarra, en repetidas ocasiones, negó los cargos y se mostró confiado de que será absuelto. Sin embargo, su situación legal se complica por la acumulación de indicios y testimonios que, según el Ministerio Público, configuran un patrón de corrupción desde antes de asumir la Presidencia.
El expresidente aún tiene impedimento de salida del país vigente hasta el 4 de julio de 2025. Aunque ya no cuenta con restricciones como comparecencia, el proceso judicial avanza y podría resolverse próximamente con una sentencia condenatoria.
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