Luis Pacheco Mandujano: “Fiscales supremos han cometido traición a la patria”
El abogado afirmó que los magistrados “no tienen ninguna facultad para no aplicar una ley porque les parece inconstitucional”.
¿Por qué la Junta de Fiscales Supremos se niega a acatar la norma aprobada por el Congreso, que le devuelve a la Policía la facultad de investigar? ¿Estamos en una anarquía?
Sí, hace tiempo que estamos viviendo en una anarquía. Esto es sumamente peligroso, porque quienes están dando el mal ejemplo son las autoridades que deberían encargarse de preservar la vigencia de la seguridad jurídica en el país. Particularmente en el caso de los fiscales, ellos son quienes deberían hacer prevalecer el principio de legalidad, pero hacen todo lo contrario.
El Congreso tiene tres funciones: legislar, fiscalizar y representar. Las leyes que aprueba deben ser acatadas por el sistema de administración de justicia.
Cada poder del Estado tiene sus funciones. El Parlamento emite leyes, que pueden ser justas o injustas, constitucionales o inconstitucionales; incluso pueden tener nombre propio. Nadie discute que eso sea posible, pero la tarea de determinar si las leyes son o no constitucionales, legales o abusivas corresponde al Tribunal Constitucional.
Las normas tienen presunción de constitucionalidad.
Toda ley se presume constitucional hasta que el único intérprete de la Constitución, que es el TC, diga lo contrario. Pero los fiscales no tienen la facultad de declarar una ley inconstitucional y, por lo tanto, de no aplicarla.
¿Qué es este reglamento que la Junta de Fiscales Supremos ha publicado para no acatar la ley?
Con este reglamento, pretenden darle la vuelta a la ley que le devuelve la investigación a la Policía, aunque en realidad la Policía siempre ha investigado. Una vez que la denuncia llega al Ministerio Público, lo que hace este organismo es derivarla automáticamente a la Policía. Eso siempre ha sucedido.
¿Por qué entonces hacen de esto una cuestión de Estado?
Porque es una cuestión política; se trata de un pretexto para enfrentar a las instituciones, que finalmente terminan siendo debilitadas. Hay que aclarar a la ciudadanía que es falso que la Fiscalía tenga el mandato constitucional de investigar. En el artículo 159, inciso 4, se establece que corresponde al Ministerio Público “conducir desde su inicio la investigación del delito”. ¿Dónde dice que la Fiscalía investiga? Además, el artículo 166 de la Constitución señala que la Policía Nacional tiene tres funciones fundamentales: prevenir, combatir e investigar el delito. ¿Dónde está, entonces, la inconstitucionalidad de la ley?
También hay casos de jueces, como Richard Concepción Carhuancho, que se niegan a aplicar la ley de crimen organizado, invocando el control difuso.
Hay tres formas de realizar un control de constitucionalidad, es decir, verificar si la ley se adecúa a la Constitución o si la contradice. Estas son el control concentrado, el control político y el control difuso. Este último implica que cualquier juez debe preferir la aplicación de la Constitución sobre la ley.
¿Acaso contraviene la Constitución la ley de crimen organizado?
En absoluto, por eso Richard Concepción Carhuancho estaría incurriendo en prevaricato. Los jueces no pueden aplicar caprichosamente el control de constitucionalidad cuando les da la gana.
Volviendo al tema medular de la entrevista, ¿usted sí cree que los fiscales supremos Delia Espinoza, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos y Juan Villena han incurrido en los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y falsedad genérica?
Estos señores no tienen ninguna facultad para no aplicar una ley porque les parece inconstitucional. ¿Desde cuándo los fiscales tienen esa facultad? Es puro capricho político, y eso constituye traición a la patria, por lo cual están muy bien denunciados.
¿Cuál debería ser el destino de estos fiscales?
Todos tendrían que ser destituidos por el Parlamento por infringir la Constitución. Si a los fiscales supremos les parece que la ley es inconstitucional, pueden interponer, a través del fiscal de la Nación, su demanda de inconstitucionalidad. Pero mientras ello sucede, tienen que aplicar la ley.
El TC, lamentablemente, ha dejado una puerta abierta al no zanjar el tema de hasta dónde puede entrometerse el Poder Judicial en cuanto a las competencias del Congreso.
Sí, es lamentable la decisión tremendamente traidora de la señora Luz Pacheco. Es una traición absoluta. La señora había demostrado ser una persona con criterio jurídico y no político, pero lamentablemente ahora ha mostrado un voto político. Y digo esto porque ya existe jurisprudencia anterior en el caso de la elección del defensor del Pueblo.
¿Por qué los magistrados Pacheco, Domínguez y Ochoa votaron a favor del Congreso en el caso de la elección del defensor del Pueblo, pero ahora han variado su postura en el caso de la Junta Nacional de Justicia?
Esos travestismos pseudojurídicos evidencian que hay detrás una mano negra política.
¿En este momento, un ministro censurado o un presidente vacado podría ser repuesto por el Poder Judicial?
Sería una locura, pero no le des ideas al “caviarismo”, porque aquí todo es posible.
Motivos políticos
“Estamos viviendo una anarquía: los fiscales supremos desafían al Congreso y se niegan a aplicar leyes constitucionales”, denuncia Luis Pacheco Mandujano.
El abogado advierte que los fiscales están rompiendo el principio de legalidad al negarse a acatar la ley, y que podrían ser destituidos por el Parlamento.
“No es competencia de los fiscales decidir si una ley es constitucional; esa facultad es exclusiva del Tribunal Constitucional”, enfatiza el jurista.
Según Luis Pacheco Mandujano, la Junta de Fiscales Supremos estaría actuando por motivos políticos, creando conflicto entre instituciones del Estado.
Luis Pacheco Mandujano acusa a los fiscales de “traición a la patria” y afirma que su negativa a aplicar la ley representa un peligro para la seguridad jurídica.
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