Las ONG ya no defenderán a presuntos asesinos de policías en ‘baguazo’, gracias a Ley APCI
Falsos manifestantes secuestraron y degollaron a 23 efectivos que se negaron a dispararles.
En aplicación de la nueva ley sobre financiamiento desde el extranjero, los procesados por los asesinatos a 23 policías en Bagua tendrán que cambiar de abogados, los cuales eran pagados por organizaciones no gubernamentales (ONG) como el Instituto de Defensa Legal (IDL).
“Los indígenas procesados por los hechos ocurridos en la Estación 6 de PetroPerú el 5 de junio de 2009 deben nombrar a sus nuevos abogados, ya que la #LeyAPCI prohíbe a las ONG financiar defensa legal en procesos contra el Estado”, informó el portal El Foco.
La Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua señaló a los imputados que ya no podrán contar con los servicios de Segundo Herrera Mejía, Gery Vásquez Cucho y Juan José Quispe Capacanchari. Estos letrados recibían sueldos y bonos de las ONG que decían hacer acción social, pero se enfrentaban al Estado peruano.
Supremo freno
Además, se les da tres días hábiles para presentar a sus nuevos representantes, a fin de no demorar la obtención de justicia.
MÁS INFORMACIÓN: Instan a rechazar intromisión de CIDH tras pedido de derogación de Ley APCI
“Se dispone oficiar a la Defensoría Pública de Amazonas, a fin de que los procesados cuya defensa ejercían los abogados indicados cuenten con defensa, en caso, no nombren abogados de su libre elección”, precisó la referida instancia de la Corte de Amazonas.
Para el penalista Humberto Abanto, esto es consecuencia lógica no solo de la nueva Ley de la Agencia de Cooperación Internacional (APCI), sino de un pronunciamiento de la Corte Suprema, de cómo interpretar leyes de acuerdo a criterios constitucionales o de convenciones internacionales.
“Se frenó la fiebre de control difuso que le había dado a los jueces de instancias inferiores. Solo se puede aplicar en sentencias, no en cualquier clase de resoluciones. Ya no pueden inaplicar leyes como hacían antes”, explicó a EXPRESO.
En total, fueron 33 víctimas directas de la violencia en la Curva del Diablo, durante el 2009, cuando Alan García era presidente. Mercedes Cabanillas, ministra del Interior en dicho año, ordenó actuar sin plan operativo actualizado.
Víctimas
Entre los asesinados figuran los policías Miguel Montenegro Palacios, Ronald Reyes Ríos, Julio César López Pusñahua, Miguel Ángel Montenegro Paredes, Rubén Gómez Teves, Roberto Pacheco Huamán, Marco Chumpitaz Castañeda, Carlos Rodríguez Vasquez, Julio Vargas Huaraca, Edwin Delgado Chávez, Carlos Ríos Araujo, Carlos Andonaire Vergara, Rubén Velásquez Reátegui y Julio Manihuari Chumbe.
Más sobre ONG y Ley APCI
Contraloría revela red de contratos direccionados en el Gobierno Regional del Callao
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.