La Molina: Fiscalía solicita cárcel para empresario responsable de arrollar a clientes de restaurante El Charrúa
Imputación incluye también omisión de auxilio a personas afectadas por embestida.
La Segunda Fiscalía Penal de La Molina solicitó nueve meses de prisión preventiva para Miguel Ángel Requejo Astochado, empresario de 51 años a quien investiga por presuntamente haber intentado matar a cuatro personas tras arremeter con su vehículo de alta gama contra el restaurante El Charrúa, ubicado en Lima Este.
Según testigos y lo grabado por cámaras, Requejo actuó de manera violenta dentro del local y fue retirado del establecimiento por el personal de seguridad luego de agredir a otros comensales.
Sin embargo, lejos de retirarse del lugar, el empresario habría vuelto minutos después y embistió con su camioneta la fachada del restaurante, provocando lesiones a varias personas y daños materiales considerables.
El Ministerio Público le imputa los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y omisión de socorro, en agravio de los heridos, además de los perjuicios ocasionados a los propietarios del establecimiento.
MÁS INFORMACIÓN: La Molina: Sujeto que embistió restaurante El Charrúa se pronuncia
“La acción fue premeditada y dolosa”, afirmó el abogado penalista Luis Lamas Puccio, quien advirtió que los delitos atribuidos podrían acarrear penas de hasta 25 años de prisión, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo al que expuso a los clientes.
En paralelo, los familiares de las víctimas denunciaron irregularidades en la investigación policial y fiscal. Aníbal Aliaga, hermano de uno de los heridos, cuestionó la falta de claridad en los procedimientos.
“No nos parece coherente que el resultado de alcoholemia refleje un nivel tan bajo de alcohol, cuando su conducta mostraba todo lo contrario”, declaró Aliaga, quien exigió mayor rigurosidad en la recolección de pruebas.
Asimismo, los familiares criticaron la valoración inicial de la Policía, luego de que un oficial señalara que el incidente solo dejó “daños y perjuicios”.
A su juicio, tal calificación representa un intento de minimizar el ataque, lo que los llevó a sospechar de una actitud permisiva hacia el empresario.
A medida que avanza la investigación, la Fiscalía busca sustentar su pedido ante el Poder Judicial para asegurar que el imputado enfrente el proceso privado de su libertad, ante el riesgo de fuga o entorpecimiento de las diligencias.
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