Justicia de lujo para los corruptos de corbata: declaraciones en penal Barbadillo
Mientras el sistema judicial enfrenta una creciente demanda por la delincuencia común, exfuncionarios disfrutan de una sede exclusiva en Barbadillo, equipada con la más alta tecnología.
Nadie puede estar en contra de implementar cualquier medida novedosa y decorosa que conduzca a mejorar el sistema de justicia en nuestro país.
Hablamos de optimizar al máximo y perfeccionar el funcionamiento y operatividad de nuestras sedes y cortes judiciales, sobre todo considerando la demanda cada vez más creciente que enfrenta la administración de justicia, ante la proliferación de la delincuencia común, la inseguridad ciudadana y la aparición de delitos cada vez más complejos.
Zona vip para la justicia
Se trata de la inauguración reciente de una amplia y decorada sede judicial en el penal de Barbadillo, dotada de tecnología de última generación y con todas las condiciones y requerimientos necesarios para que la justicia esté acorde con los nuevos desafíos que enfrenta.
Lo cuestionable es que se trata de una sala judicial exclusiva solo para funcionarios de alto nivel que han delinquido, como si se tratara de sujetos que en teoría marcan distancia y diferencias esenciales con la delincuencia común que atiborra nuestros centros carcelarios.
Una sede judicial envidiable en comparación con otras sedes judiciales que operan en los penales del país, en las que se juzga a delincuentes que no tienen esta categoría legal.
Hablamos de exmandatarios, excongresistas, exministros y toda una gama de funcionarios selectos que gozan y disfrutan de prerrogativas envidiables y otros privilegios en comparación con otros justiciables que también enfrentan a la justicia. Incluimos la defensa legal que les proporciona el Estado, que solventa los gastos, muchas veces cuantiosos, de los abogados que los defienden.
Funcionarios ejemplares
Hablamos de una amplia gama de funcionarios del más alto nivel, que en realidad deberían ser los primeros en dar ejemplo y mostrar un comportamiento idóneo en una nación saturada de corrupción e impunidad, y que, por el contrario, abusiva e inescrupulosamente se aprovecharon del cargo que desempeñaban para defraudar la confianza del pueblo que los eligió.
Y para nuestra propia desgracia nacional, permitimos que tuvieran la condición de funcionarios favorecidos. Un fenómeno de corrupción pública e impunidad a los más altos niveles de la propia gobernabilidad que incluso pone en tela de juicio no solo el estado de derecho como parámetro de mutua y sana convivencia, sino a la misma democracia como sistema de gobierno.
Justicia diferenciada
El trasfondo de la presente crítica respecto a la implementación de una sede judicial de estas características para una nación en la que es particularmente frecuente la corrupción política en las altas esferas de la gobernabilidad y el poder, denota que no todos somos iguales frente a la ley y la justicia penal ordinaria.
La rehabilitación del delincuente, tan preconizada y que nadie logra, no es más que un mito que solo tiene validez y aplicabilidad para las clases sociales más desfavorecidas, que son por lo general las que saturan nuestros centros carcelarios en condiciones ampliamente conocidas.
Para los delincuentes comunes, que se supone son los que más miedo o zozobra suscitan, debe caer todo el peso de la ley, para cuyos efectos el sistema de justicia debe actuar con la mayor severidad posible, aplicando sanciones ejemplares y haciendo las condiciones judiciales lo más aflictivas, indecorosas y penosas posibles.
De esta forma, se pretende dar un ejemplo a la sociedad de que se está haciendo justicia. Mientras que para los delincuentes de alta gama, estirpe o, como también se les denomina, de “cuello blanco”, hay que brindarles todas las comodidades y facilidades posibles para evitarles las agudas incomodidades crónicas que implica tener que enfrentar la justicia penal por los graves delitos que cometieron.
Si no es así, habría que preguntarles a quienes han tenido que asistir a una audiencia judicial o a un juicio penal en centros carcelarios como Sarita Colonia, Lurigancho, Castro Castro, Piedras Gordas, entre otros, incluso en condiciones más deplorables y lastimosas, diseminados a lo largo y ancho del territorio nacional.
Ejemplo al revés
No preconizo el sufrimiento, la aflicción, el castigo o cualquier otra patología ideada que pueda afectar y hacer sufrir al género humano cuando se trata de la comisión de un delito. Pero se requiere algo de mesura ante la opinión pública para señalar que es lamentable que se tenga que juzgar a exmandatarios por graves delitos de corrupción y otros hechos, y que, por otro lado, en la misma ceremonia de inauguración se alardee de que se están cumpliendo con las expectativas judiciales, como si se tratara de dos mundos que viven en realidades distintas.
En realidad, debería suceder todo al revés o al contrario, proporcionando y aplicando a cada delincuente lo que corresponde y dispone la ley en términos de igualdad y equidad, con mayor razón, no solo porque media la corrupción como fenómeno criminal y moral de alta envergadura que afecta a todos por igual, sino porque acciones como la de crear una sala de justicia excepcional para funcionarios corruptos de alta estirpe denotan una forma sublimizada, o mejor dicho, encubierta de impunidad a través de la implementación de medidas que hacen menos gravoso su tránsito por la justicia penal en nuestro país.
Una forma de prevenir y luchar contra la corrupción es justamente aplicar la ley en igualdad de condiciones. Hablamos de una actitud estatal que debería ser en realidad diferente, aleccionadora y hasta ejemplar frente a la ciudadanía como parte de la lucha y la prevención de la corrupción.
Corrupción e impunidad
Como sabemos y lo corroboran los hechos más recientes respecto a todos los altos funcionarios de distintos momentos políticos involucrados en casos de gran corrupción entre exmandatarios, altos funcionarios y otros personajes de similares características, el drama más relevante que vive la sociedad peruana no es solo la corrupción en sí misma, sino su correlato: la impunidad, como el medio legal más idóneo para evadir las graves responsabilidades penales que corresponden.
En otras palabras, la impunidad se materializa a través del trato preferencial y selectivo respecto a la forma tan benevolente en que se sancionan los delitos de corrupción en nuestro medio, como el componente ideal para librar o atenuar responsabilidades penales por parte del mismo Estado, a quienes realmente lo ameritan, como una manera soterrada que se materializa en un trato particularmente indulgente.
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