Juez dicta prisión preventiva contra Jorge Barata por caso Gasoducto Sur
El exsuperintendente de Odebrecht enfrenta nuevas complicaciones judiciales en Perú.
El Poder Judicial de Perú dictó 36 meses de prisión preventiva contra Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el país, por su presunta participación en el caso Gasoducto Sur Peruano.
La decisión, emitida por el juez Leodán Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, responde a una solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, encabezada por la fiscal Geovanna Mori.
Barata, quien reside en Sao Paulo, Brasil, enfrenta cargos de colusión agravada debido a su presunta implicación en acuerdos ilícitos con el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia.
Según la resolución judicial, la medida coercitiva entrará en vigencia cuando el imputado sea puesto a disposición de las autoridades peruanas, ya sea por su entrega voluntaria o mediante extradición.
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El magistrado consideró que la prisión preventiva es necesaria, dado que Barata se encuentra fuera del territorio peruano y existe un riesgo de que no se presente al proceso judicial.
El juez Cristóbal Ayala justificó su decisión al señalar la "fuerte sospecha" sobre la participación de Barata en diversos actos de colusión en proyectos como el Gasoducto Sur Peruano y el Proyecto Kuntur.
La investigación sostiene que el exdirectivo favoreció a Odebrecht en la adjudicación de contratos a cambio de beneficios personales para altos funcionarios peruanos.
La resolución también menciona que las autoridades peruanas, en conjunto con Interpol, deben coordinar la extradición de Barata para asegurar su presencia en el juicio.
Por su parte, la defensa de Barata aún no se pronunció públicamente sobre la medida, aunque es conocido que el exdirectivo mantuvo hasta ahora una postura de colaboración parcial con las autoridades judiciales peruanas en el marco del acuerdo de colaboración eficaz, el cual fue revocado meses atrás.
A pesar de ello, la Fiscalía avanzó en la construcción del caso, utilizando las declaraciones de otros colaboradores como José Alejandro Graña Miro Quesada, quien vinculó directamente a Barata con los proyectos investigados.
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