Josué Gutiérrez denunciado: Fiscalía formaliza acusación ante Congreso contra defensor del Pueblo por nombramiento ilegal de funcionaria
Sostiene que ella no cumplía con los requisitos legales.
La Fiscalía de la Nación presentó este miércoles una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, actual defensor del Pueblo, a quien acusa del presunto delito de nombramiento ilegal en el aparato estatal.
El Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales elaboró la acusación y responsabiliza a Gutiérrez de haber designado de forma irregular a María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad, pese a que no reunía los requisitos exigidos por el Manual del Clasificador de Cargos de la institución.
“Se le atribuye a Gutiérrez Cóndor que, con el apoyo de las áreas administrativas de la Defensoría del Pueblo, propuso y designó a María Olórtegui”, se lee en el post de la cuenta de X (antes Twitter) de la Fiscalía.
La denuncia, que ya fue ingresada al Parlamento, indica que el funcionario habría contado con el respaldo de determinadas áreas administrativas para concretar el nombramiento, pese a que conocía su presunta ilegalidad.
Según el Ministerio Público, esta acción constituye una transgresión directa a las normas que regulan el acceso a cargos públicos.
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En paralelo, el organismo ordenó remitir copias certificadas del caso a la fiscalía penal competente, con el propósito de abrir una investigación formal contra Olórtegui Risco por su presunta implicancia en el delito de aceptación ilegal de cargo.
Defensoría del Pueblo en la mira
Asimismo, el Ministerio Público evaluará la actuación de otros funcionarios de la Defensoría del Pueblo que habrían facilitado o encubierto la designación, con el fin de determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
La denuncia profundiza el escrutinio público sobre la gestión de Gutiérrez Cóndor, quien dejó el cargo en abril tras un contexto de creciente controversia política e institucional.
Ahora, corresponde al Congreso decidir si habilita el antejuicio político que permitiría iniciar un proceso penal contra Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, titular de la Defensoría del Pueblo.
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