JNE formaliza demanda competencial contra Poder Judicial ante TC: impacto de próxima decisión
El pedido busca impedir que decisiones judiciales modifiquen procesos en curso.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acudió al Tribunal Constitucional (TC) con una demanda competencial, al advertir que una decisión judicial busca alterar el cronograma electoral al ordenar la inscripción de un partido político fuera de plazo.
La acción del organismo electoral responde a lo ocurrido con la organización Unidad Popular, agrupación que obtuvo un fallo favorable del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, el cual dispuso su incorporación en el proceso de elecciones generales de 2026.
Esa resolución causó la reacción inmediata del JNE, que recurrió al máximo intérprete de la Constitución para definir los alcances de las atribuciones de cada institución.
El abogado Lucas Ghersi y el procurador del JNE, Ronald Angulo, formalizaron la demanda en la mesa de partes del Tribunal Constitucional, ubicada en el Centro de Lima.
Ambos representantes enfatizaron que la finalidad del pedido consiste en salvaguardar la seguridad jurídica de los comicios y en garantizar que ningún proceso judicial interfiera con el calendario electoral.
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“El JNE con el procurador y un grupo de abogados hemos presentado esta demanda competencial; el objetivo es que el TC declare que el calendario electoral es intangible, eso para que las elecciones tengan credibilidad y el proceso electoral se desarrolle sin ningún contratiempo”, afirmó Lucas Ghersi al presentar el documento.
El letrado añadió que el organismo busca evitar que decisiones judiciales permitan el ingreso o la exclusión de partidos políticos durante la etapa electoral. Con ello, se pretende reforzar la confianza ciudadana en el sistema democrático y reducir la incertidumbre sobre la participación de las organizaciones.
El JNE solicitó, además, que el TC se pronuncie en el menor plazo posible, debido a la cercanía del proceso electoral. Lucas Ghersi subrayó que espera que el Tribunal Constitucional resuelva en el “más breve término” esta demanda, sobre todo antes de las elecciones generales programadas para el próximo año.
La controversia coloca en el centro del debate la autonomía de los órganos electorales frente al Poder Judicial y abre una discusión sobre los límites en la aplicación de medidas judiciales que puedan impactar directamente en los procesos electorales.
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